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Salta

Con un empujón de la Corte, el diputado Gustavo Orozco quedó al borde del desafuero

Como sucedió en la cámara alta con el senador Sergio “topo” Ramos, la justicia provincial puso en jaque al diputado rosarino, quien hasta ahora había logrado evadir los embates de la fiscalía en una causa seguida en su contra por torturas.

Gustavo Orozco
Gustavo Orozco
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SALTA.- En un fallo reciente, la Sala II de la Corte de Justicia, integrada por los jueces Sandra Bonari, Adriana María Rodríguez Faraldo, Guillermo Catalano y Fabián Vittar, se resolvió rechazar un recurso de inconstitucional planteado por la defensa del diputado Gustavo Orozco, en una causa penal seguida en su contra por los delitos de vejaciones agravadas y torturas.

En la resolución, los jueces de Corte no sólo explicaron los argumentos por los cuales se denegó el pedido, sino también pusieron énfasis en la necesidad de que se lleve adelante el juicio oral y público al diputado por hechos ocurridos, cuando se desempeñaba como policía.

Este agregado de parte del alto tribunal no hizo más que reactivar un pedido de desafuero que ya estaba en carpeta, pero que se había diluido a raíz de numerosos planteos legales interpuestos por la defensa de Orozco, los cuales, obviamente, tenían como objetivo estirar el proceso para luego reclamar la prescripción de la causa.

Cabe señalar que el nombre de Orozco no es nuevo para el alto tribunal, pues en octubre de 2020, los jueces Guillermo Alberto Catalano, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Sandra Bonari, Teresa Ovejero Cornejo, Pablo López Viñals, Horacio José Aguilar, María Alejandra Gauffín y Adriana Rodríguez Faraldo, ya se pronunciaron en la misma causa, aunque en dicha ocasión fue para resolver un litigio de competencia suscitados entre los jueces del Distrito Judicial Sur.

Resulta que Orozco, junto a Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Hugo Orellana, Rubén Darío Medina, Víctor Alejandro Luna, Andrea Alejandra Díaz, Denis Arnaldo Coronel y Dardo Exequiel Pérez, ya estaban presto a ser sometidos a juicio, en marzo de 2020, pero el debate se vino abajo.

La razón fue una discusión entre los magistrados de ese distrito, quienes se tiraban la pelota unos a otros, pues nadie quería juzgar al ex comisario de la Brigada de Investigaciones, situación insólita que mereció un duro reto de sus superiores en la Corte.

Ahora, a casi un año y medio de esa intervención, el máximo tribunal de justicia local volvió a toparse con el mismo nombre. Esta vez a raíz de un recurso de inconstitucional que la defensa del legislador había planteado para sacarse de encima el proceso penal en su contra.

Se trata de un pedido de prescripción de la acción penal por los delitos que le fueron imputados, para los cuales se reclamaba el sobreseimiento del diputado, cuestión que ya había sido analizada y rechazada por la Sala IV del Tribunal de Impugnación.

Mal concedido

En su fallo, la Corte partió de la base de considerar que la resolución del Tribunal de Impugnación criticada no era susceptible de ser apelada por esa vía, al no tratarse de una sentencia definitiva ni haberse afectado garantía constitucional alguna.

Para los jueces, el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación rechazó correctamente el pedido de sobreseimiento, puesto que el plazo para la celebración del juicio no se había agotado, aunque ya no quedaban muchas opciones de litigio.

Los jueces mencionaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Price”, sostuvo que “no era posible que las normativas provinciales regulen términos que puedan implicar la extinción de la acción penal por un modo no previsto en el Código Penal (como ocurre con el plazo máximo del juicio), razón por la cual tampoco resultaba procedente lo planteado por la defensa de los imputados”.

Dicha sentencia, de 27 de septiembre de 2021, se dictó en el marco de una de las causas por torturas que es impulsada por el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra, quienes integran la Unidad creada especialmente para ese caso.

Debe destacarse que, al haberse iniciado esas instancias recursivas por la defensa, quedó pendiente de trámite lo resuelto por el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González (donde se tramita el juicio), en cuanto ordenó oficiar a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero del imputado Orozco en los términos del art. 122 de la Constitución de Salta. Al haber adquirido firmeza el rechazo del pedido de sobreseimiento, la consecuencia lógica de lo sentenciado por la Corte es que se materialice dicho pedido por parte del Juez interviniente.