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Salta

Arrimando la bocha: juez de Metán formalizó un pedido de desafuero contra Gustavo Orozco

Se trata del primer planteo formal de la justicia para sacar al joven diputado de la cámara baja, donde legisla casi en soledad. Además, no sería el único pedido, pues en una causa anterior, la Corte allanó el camino para otra solicitud similar.

Gustavo Orozco
Gustavo Orozco
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SALTA.- La situación del diputado por Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, empeora como el tiempo, pues al fallo de la Corte de Justicia del 14 de junio, a través del cual se limpió el camino para un pedido de desafuero, ahora se sumó otro pedido que llegó, casi sin aviso. La solicitud fue formalizada por el juez Mario Dislacio, en el marco de una causa por el delito de amenazas.

El caso, según fuentes judiciales, fue formalizado el 18 de agosto de 2021, por la unidad fiscal conformada por los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Gabriel Alejandro González, quienes en noviembre de ese mismo año requirieron ante el Juzgado de Garantías 2 de Metán, la elevación a juicio de la causa.

Según el requerimiento de juicio, el 28 de julio del año pasado, cerca de las 17, el diputado se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en barrio Arturo Menu de la ciudad termal, quien previamente le había facilitado la pared lateral de su vivienda, para que Orozco la pintara con propaganda política.

En ese contexto, que fue referido por diversos testigos, el denunciante expresó que luego de un intercambio de palabras, Orozco tuvo expresiones amenazantes como “te voy a hacer cagar, no te vas a salvar, te voy a encontrar en la calle y te voy a matar”, mientras introducía la mano en la cintura y se levantaba la remera con el ademán de sacar un arma”.

Otra testigo manifestó que, en ese día y horario, pudo ver en el lugar a una persona de contextura robusta y escuchar que le gritaba a otra. En sus fundamentos, los fiscales afirmaron que existen elementos suficientes que permiten sostener la existencia del hecho investigado y que confirman la presencia del acusado en el lugar, donde expresó dichos amenazantes.

También tuvieron por acreditado que el legislador intimidó al vecino con anuncios de un mal futuro, cierto y posible. Y, lo fue con la finalidad de infundir temor, tal como lo ratificó la víctima al momento de prestar su declaración en la sede fiscal, donde expresó que desea “volver a tener una vida normal” y que no puede salir de su domicilio por temor al acusado.

Por este hecho, Orozco fue imputado por el delito de amenazas, delito por el cual ahora, el juez Dilascio, quien interviene en el caso, solicitó que sea desaforado a fin de que pueda ser llevado ante los tribunales de Metán, a fin de juzgarlo y, en caso de ser hallado culpable, reciba el castigo correspondiente.

Casi sin aviso

El pedido sorprendió, pues se esperaba que primero llegase una solicitud similar, pero desde una causa de vieja data, en la cual el legislador está acusado junto a otros ocho policías por delitos de torturas, vejaciones y apremios ilegales, ocurrida cuando era miembro de la policía provincial.

En esa causa, casualmente, la Corte de Justicia de Salta se había expresado a través de un fallo, en el cual rechazó un planteo de la defensa de Orozco, la que buscaba echar por tierra la acusación en contra del diputado, la cual también se tramita en los tribunales de Metán.

Se trata de un recurso de inconstitucionalidad, el cual había sido presentado contra la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, la que decidió rechazar un pedido de sobreseimiento en favor de Orozco, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Hugo Orellana, Rubén Darío Medina, Víctor Alejandro Luna, Andrea Alejandra Díaz, Denis Arnaldo Coronel y Dardo Exequiel Pérez.

Las defensas, incluida la del diputado, planteaban el sobreseimiento por haber transcurrido el plazo máximo para la celebración del juicio, conforme lo prevé el art. 219 del Código Procesal Penal.

En su rechazó a este argumento, la Corte consideró que la resolución del Tribunal de Impugnación criticada no era susceptible de ser apelada por esa vía, al no tratarse de una sentencia definitiva ni haberse afectado garantía constitucional alguna.

Para los jueces, el Tribunal de Impugnación rechazó correctamente el pedido de sobreseimiento, puesto que el plazo para la celebración del juicio no se había agotado. Además, se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Price”, sostuvo que no era posible que las normativas provinciales regulen términos que puedan implicar la extinción de la acción penal por un modo no previsto en el Código Penal (como ocurre con el plazo máximo del juicio), razón por la cual tampoco resultaba procedente lo planteado por la defensa de los imputados.

Dicha sentencia se dictó en el marco de una de las causas por torturas que impulsa el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra. Dicho esto, la Corte ordenó que las actuaciones continúen su trámite, es decir, avanzar hacia la audiencia de debate.

Esta causa, casualmente, había quedado con un trámite pendiente. Se trata de lo resuelto por el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, el cual había ordenado oficiar a la Cámara de Diputados el pedido formal para el desafuero del imputado Orozco en los términos del art. 122 de la Constitución de Salta.

Este paso, había adquirido mayor firmeza a partir del rechazo por parte de la Corte al pedido de sobreseimiento, por lo que se esperaba que el pedido de desafuero contra Orozco sea un trámite, lo cual hasta el momento no sucedió, aunque no se descarta que suceda de un momento a otro.