La imputación, formalizada ante el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, alcanza a la exdirectora de la Oficina de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Claudia Cordero Soria, la empleada Sandra Domínguez y el hijo de esta última, Lautaro Hurtado.
La fiscalía consideró que existen pruebas que las involucran en la exigencia de dinero a las beneficiarias. La acusación, como fue informado, fue presentada el miércoles pasado por el fiscal federal José Luis Bruno, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.
El funcionario judicial lleva adelante el caso desde noviembre del año pasado, cuando un portal informativo de la red social Facebook reveló irregularidades en el Programa Acompañar, en este caso instrumentado a través de la municipalidad de esa ciudad.
La auxiliar fiscal, María del Carmen Núñez, explicó que, a partir de aquella publicación, iniciaron la investigación de oficio y como resultado de ello, señaló a Cordero y Domínguez como las principales responsables de las maniobras.
La fiscalía remarcó que el ardid consistía en exigir pagos de dinero a cambio de no dar de baja a los planes sociales. Y explicó que las beneficiarias debían entregar una suma de 10 mil pesos por un lapso de seis meses para retener la ayuda económica dispuesta por el Estado Nacional.
A partir de las evidencias recolectadas, sostuvieron que se pudo comprobar que el dinero exigido era depositado en una cuenta bancaria perteneciente a Hurtado. El caso se vio reforzado con la denuncia posterior de una beneficiaria que confirmó la modalidad delictiva.
En su denuncia, la víctima de violencia de género explicó que había contactado a Domínguez por esta situación y que la imputada le informó que, desde la Oficina de Mujer y Diversidad del municipio local podían asistirla, e incluso le comunicó que recibiría una ayuda económica del programa Acompañar. La beneficiaria indicó que los pagos debía depositarlos en una cuenta bancaria que Domínguez le aportó, que pertenecía a una persona de apellido Hurtado.
Tras unos meses, la víctima dejó de efectuar estos aportes, pues -según indicó- tomó conocimiento que no correspondía hacerlos. Esto generó que tuviera una discusión primero con Domínguez y posteriormente con Cordero, a quien la denunciante había acudido al advertir la irregularidad de la que fue víctima, pero la exdirectora no hizo nada al respecto, razón por la cual también la denunció.
Una ayuda integral
El programa Acompañar, como se sabe, pertenece al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y tiene como objetivo “promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género” a través de la entrega de un monto mensual.
Otras denuncias recibidas, entre ellas la de concejales y una diputada nacional, dejaron entrever la posibilidad que las acusadas también recreaban el estado de riesgo de violencia de género de algunas beneficiarias, con el fin de generar la ayuda económica, de la cual sacaban un provecho propio.
En ese marco, la fiscalía no descartó esta modalidad y por ello, entre otras medidas pendientes, solicitó al juez el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los acusados. Asimismo, indicó que se encuentran en trámite otras tareas investigativas complementarias.
Formalizada la acusación, Cordero fue la única que accedió a declarar y lo hizo para desvincularse del delito imputado. No obstante, y de acuerdo a la carga probatoria exhibida por la fiscalía, el juez hizo lugar a la imputación, como también a las medidas de coerción requeridas por el fiscal, entre ellas el compromiso de colaborar con la investigación y la prohibición de salir del país.
El caso generó gran escándalo en esa ciudad y alrededores, pues dejó en evidencia el grado de corrupción existente en la función públicas, en especial en lo que atañe a planes o programas sociales solventados por el estado nacional, una caja de constante saqueo.
