SALTA – La clase política rosarina no se la hace fácil a sus electores, quienes se preparan para decidir entre tres un postulante a punto de llegar a juicio por dirigir un asalto comando, otro con graves acusaciones penales por fraude millonario y el tercero, a punto de ir a juicio por delitos contra los derechos humanos, como torturas y apremios.
De la lista de diez candidatos a intendente, se distinguen tres que se perfilan a ser los más votados y, por ende, los que definirán al futuro intendente de Rosario de la Frontera. Nos referimos al empresario y presidente del Concejo Deliberante, Kuldeep Singh, contra quien hay pendiente un juicio oral y público por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego.
Singh, que va por el frente Unidos por Salta, debió ser juzgado desde el 28 de febrero, pero la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Ángel Logarte, decidió finalmente suspender el debate en razón de que otro de los acusados, tenía una acusación pendiente por el delito de abuso sexual.
Esto, fue suficiente para que el tribunal se decidiera por la suspensión del debate, lo que favoreció al ex diputado provincia por esa ciudad, pues de haberse sometido a juicio, su nombre aún estaría en la retina de los rosarinos, pero no por algunas de sus propuestas electorales, sino más bien por los entretelones del asalto “tipo comando”, que dirigió el 26 de octubre de 2018 en las instalaciones de la empresa Nutribas SA, dedicada a la comercialización y exportación de granos.
Junto a otros seis cómplices, el entonces diputado irrumpió en las instalaciones de la firma y se llevó maquinarias y toda clase de bienes. Para ello, redujeron al sereno a punta de pistola, para luego ingresar al predio con dos camiones, en el que cargaron el botín y se fueron.
Convencidos de que habían apagado el sistema de las cámaras de video, Singh y sus laderos arrasaron con todo y todos sus movimientos y quedaron filmados, siendo esta la principal prueba de cargo, la que prácticamente sepultó cualquier posibilidad de negociación para una salida extrajudicial, pues la fiscalía penal tomó nota e imputó al legislador por robo calificado.
Con las imágenes, no fue difícil identificarlos y llevarlos ante la fiscalía. Las fotos con las manos en la masa fue todo un escándalo que a Singh le valió la destitución exprés que la Cámara de Diputados activó a los días del hecho, pues nadie quería quedar pegado con el dipuchorro.
Aunque hubo algunos movimientos para tratar de zafar de las imputaciones, con ayuda de una jueza amiga, la suerte quedó echada para Singh, quien no se quedó quieto y buscó revancha en las elecciones de 2019, presentándose como candidato a concejal, cargo que ganó con facilidad, tanto que no tardó en convertirse en el presidente del ese cuerpo, despacho desde donde pretende saltar nada menos que a la intendencia.
Acusado de fraude
El puesto en juego, actualmente se encuentra en manos de Gustavo Solís Mónico, quien busca su reelección a través del frente Vamos Salta. Si bien con las riendas del municipio en su poder, la permanencia en el cargo no debería ser difícil, pero la pelea viene brava.
Es que Solís Mónico tampoco está del todo limpio, pues desde la fiscalía pena de esa ciudad hay un pedido de juicio en su contra y nada menos que por graves delitos de fraude. A saber, como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado y falsedad de instrumento público.
La acusación incluye a otro seis acusados más, entre ellos Silvia Carolina Solís Mónico, Secretaria de Hacienda y hermana del intendente. La funcionaria junto a la tesorera, Antonia Silvia Acosta, deben responder por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado.
En concreto la imputación gira en torno al cobro irregular de planes sociales, pues muchos vecinos denunciaron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo, como así también que, a su nombre, se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron.
Al respecto, el fiscal penal Oscar López Ibarra, sostuvo que “durante el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público”.
Afirmó que los denunciantes no habían solicitado su incorporación a dicho plan y, además, se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
Pero esto no es todo, pues el actual jefe comunal fue blanco de otra investigación penal, esta vez a cargo de la fiscal Verónica Simense de Bielke, quien en 2020 abrió una causa en su contra por otros graves hechos de fraude, cohecho y demás.
Dichas actuaciones se iniciaron tras la publicación de una noticia criminis el 26 de febrero de 2020, de la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoría General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.
Violencia institucional
El tercer candidato fuerte se trata nada menos que del diputado provincial por esa ciudad, Gustavo Orlando Orozco, quien busca ganarle la pulseada a Solís Mónico y Singh. Para ello se presentará por el frente Avancemos, que lleva a Emiliano Estrada como candidato a gobernador.
No obstante, y al igual que sus competidores, Orozco, ex policía, llega a la carrera electoral con un pedido de juicio. En este caso, del fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, quien había solicitado sentar al diputado en el banquillo de los acusados, en junio de 2022.
La acusación penal también alcanza a los policías Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel.
Se les imputa los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
En vista del pedido de la fiscalía, realizado ante el Juzgado de Garantías 7, la jueza Claudia Puertas ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.
Sobre las imputaciones el fiscal González había brindado detalle de las medidas probatorias que se produjeron durante la etapa de investigación y que generaron los hechos por los que llegan acusados Orozco y otros once policías por diferentes delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.
Por lo mencionado, y aunque aparecen como los favoritos, Singh, Solís Mónico y Orozco, comparten una cualidad que podría ser el gran dilema de los rosarinos, como el elegir entre el menos malo. O bien, volcarse por los otros siete candidatos.
Ellos son: Daniel Alberto Quiroga por el frente Entre todos, que postula a Walter Wayar; Mariano Peralta por el Frente de Izquierda MST – Partido Obrero, con Claudio del Plá para la gobernación; Gonzalo Fernández Gamietea por Salta Avanza con Vos, Lucio Paz Posse como gobernador.
Mauro Sabbadini por Salta va con felicidad, con Manuel Arsenio Segovia, en el cargo de gobernador; María Octavia Albarracín por “Instrumento electoral popular”, que propone a Ramiro Escotorín; María Eugenia Varela Gonzpalez por Juntos por el cambio, Miguel Nanni Valero para la gobernación y José Antonio Fernández por “Salta para todos”, que tienen a Lía Verónica Caliva como candidata a gobernadora.
