SALTA – La Sala VI del Tribunal de Juicio condenó finalmente a la ex directora de Cultura del municipio de General Güemes, Mónica Fernanda Valdiviezo, a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallada culpable del delito de peculado.
El fallo, según lo informado, fue dictado por el juez Guillermo Pereyra, quien llevó adelante el debate seguido contra la ex funcionaria municipal, cuya situación era muy difícil de revertir en vista de las contundentes pruebas reunidas en su contra por la Unidad Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos.
En su veredicto, el magistrado le impuso a Valdiviezo una serie de obligaciones que deberá cumplir durante dos años luego de que la condena quede firme, como ser la de abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas; fijar residencia y notificar cualquier cambio; someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
Respecto al delito, la fiscalía remarcó que el peculado se trata de un delito contra la administración pública que se concreta cuando un funcionario sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le había sido confiada en razón de su cargo. También cuando emplea en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
En este caso, y al momento de los alegatos, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio indicó que la acusada fue denunciada en enero de 2020, luego de que una auditoría realizada en la Municipalidad de General Güemes develara irregularidades en el manejo de fondos del Centro Cultural 13 de Febrero.
El juicio, con un tribunal unipersonal, se llevó adelante a fines de abril pasado y giró en torno a irregularidades que fueron denunciadas por el ex intendente Sergio Salvatierra, al recibir un informe interno sobre la gestión saliente, instancias en la que se detectó un faltante de poco más de 800 mil pesos en el área a cargo de la ex funcionaria.
El debate
Durante el debate y en los alegatos, la fiscalía dejó en claro que Valdiviezo asumió el cargo de directora de Cultura en diciembre de 2016, tras la renuncia de Marcela Domínguez. Desde ese momento y hasta 2019, la acusada se mantuvo al frente de ese organismo municipal, oportunidad en la que realizó varias gestiones y otros actos de gobierno, propios de la función que ejercía.
Un año después de abandonar su función, el 10 de noviembre de 2020, Valdiviezo fue imputada por la fiscalía a partir de la denuncia de Salvatierra, quien la acusó por faltante de fondos que estuvieron en su custodia. La acusación fue formalizada por el fiscal Leandro Flores, quien había iniciado las pesquisas del caso.
Al sustanciar la acusación, la fiscal sostuvo que la UDEC analizó un importante volumen de documentación que fue aportada por el ex intendente. Asimismo, se refirió a varios testimonios de las personas encargadas de realizar las tareas de auditoría.
Para la fiscalía se pudo comprobar que Valdiviezo, en su carácter de Directora de Cultura de ese municipio durante la gestión de gobierno anterior, tenía a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos y que sustrajo caudales estatales pertenecientes al Centro Cultural “13 de Febrero”.
Agregó que, de las tareas investigativas, se pudo establecer que la ex funcionaria no efectuó la correspondiente rendición de cuentas de los ingresos que se producían por actividades en el cine y las ventas en el bar, entre otras maniobras que fueron descubiertas.
En ese marco, determinó que, de la rendición de fondos del año 2019, la suma de 807.208,23 pesos se encuentra sin respaldo documental alguno, lo que causó un perjuicio irreparable al patrimonial del municipio, según la investigación llevada adelante.
En función de estos elementos probatorios, la fiscal pidió la condena de la acusada por el delito de peculado, mientras la defensa trató de atenuar la situación de la ex funcionaria, lo que no tuvo mucho éxito, pues el juez Pereyra, al dar el fallo, le bajó el martillo a la ex directora al condenarla a dos años de prisión condicional.
En su veredicto, y aunque la pena le permitió mantenerse en libertad, el juez dejó en claro que la misma no podrá volver a ejercer cargos públicos, aspecto que fue bien recibido por los vecinos de esa localidad, quienes fueron los principales perjudicados por el faltante de fondos.
