SALTA – Como resultado de una larga investigación, la fiscal Multifuero del Distrito Judicial del Sur, María Celeste García Pisacic, formuló requerimiento de juicio contra el ex intendente de El Quebrachal, Leonardo “nardo” García y su hermano Marcelo “Teno” García, exsecretario de Hacienda municipal y actual senador de Anta.
El juicio requerido en su contra es por los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales e incumplimiento a los deberes de funcionario público. La solicitud, ahora, se encuentra en manos del juez Héctor Guzmán, del Juzgado de Garantías de Anta.
El pedido de elevación a juicio, según lo informado, surge de una causa penal abierta en julio del 2020, cuando el actual intendente de ese municipio, Rolando Rojas, radicó una denuncia contra su antecesor. Asimismo, la fiscalía tomó como punta del ovillo a una noticia criminis, la que surgió de acusaciones realizadas por el ex secretario de Hacienda, Raúl Ríos, quien acusó al ex mandatario municipal y a su hermano de haber desviado fondos públicos para la campaña del 2019.
En esa campaña, casualmente, “Teno” García ganó la banca del senado del Departamento Anta, mientras que “Nardo” perdió su lugar como intendente de El Quebrachal ante Rojas, quien fue uno de los que sacó a lavar la ropa sucia.
En esa denuncia pública también se indicó que “la anterior gestión municipal encabezada por Nardo Garcia y el Secretario de Hacienda del Municipio, Marcelo Durval Garcia, a quienes se les imputa la emisión de cheques por casi 40 millones de pesos que afectan el presupuesto del año 2.020”, habiendo los imputados dejado sus funciones el 10 de diciembre del año 2.019.
Sobre estas pesquisas, se supo que el apoderado legal de la municipalidad, Fernando Escobar, se apersonó ante la fiscalía multifueros de Anta, y presentó documentación que mostraban no solo que se habían emitido cheques a cobrarse a futuro – ya en la gestión de Rojas- sino que no había documentación que respaldará que dichas compras se hubieran efectuado
Además, y no menos importante, la fiscalía solicitó también que se imprima el correspondiente trámite de desafuero para el legislador imputado en la causa ante la Cámara de Senadores de la Provincia, la que tendrá la última palabra al respecto.
El caso
El Ministerio Público Fiscal inició las actuaciones de oficio a mediados de 2020, tras declaraciones periodísticas del entonces secretario de Hacienda, quien denunció que la gestión anterior había emitido cheques por cerca de 40 millones de pesos que se gastaron en la campaña política del ex intendente y el actual senador del departamento.
En diciembre de 2020, en la tanto, la fiscalía, conformada por los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Leandro Flores, formuló cargos solo contra el ex intendente, do» García, tras advertir una serie de incumplimientos reiterados a las normativas vigentes y de manejos discrecionales de fondos públicos en perjuicio del erario municipal.
Ante planteos que la querella, representada por el abogado del municipio, Fernando Escobar, se formuló -con pruebas documental- ante la fiscal de de Impugnación, Josefina David Herrera.
Acusación contra Marcelo García.
Respecto a las irregularidades, la fiscalía sostuvo que se acreditaron con distintas medidas probatorias en las intervinieron especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se determinó que todos los cheques diferidos que se emitieron antes de finalizar la gestión anterior (alrededor de cien, según se denunció) fueron firmados por el actual senador de Anta durante su desempeño como secretario de Hacienda municipal
Según el análisis contable realizado por el personal de Gabinete de Delitos Económicos, surgieron diversas falencias como la utilización de fondos para solventar la campaña electoral de ambos dirigentes. Esto se debe a que en facturas que se aportaron desde la Municipalidad se puede observar inscripciones tales como “Elecciones Paso 2019” o “Sede Elecciones”, y que dan cuenta que habrían usado fondos municipales para solventar actos políticos.
También en ese documento se advierte que en los cheques emitidos no cuentan con las firmas del tesorero de la Municipalidad, encargado de convalidar todos estos movimientos de dinero. Escobar en su presentación ante la justicia también señaló que se usó el pago de dinero físico a distintos proveedores de la comuna, algo que violó la Ley de Administración Pública que limita las transacciones con dinero de contado.
En relación al delito de fraude a la administración pública, la Unidad Fiscal aseguró que el ahora imputado “desarrolló tareas tendientes a privar a la administración pública de diversos bienes de su propiedad, al disponer de ellos en beneficio propio y de terceros”.
Según informó la fiscalía, del análisis contable, surgieron diversas irregularidades, como la utilización de dinero público para solventar la campaña en época electoral. En 2019 García se postuló para otra gestión en la municipalidad, pero fue derrotado. “Se desviaron fondos del presupuesto del municipio para fines personales, para beneficio propio y para llevar a cabo actos políticos destinados a la campaña electoral”, afirmó el MPF.
También se comprobó que García celebró un contrato de manera directa con una librería, cuyo propietario era un empleado público que prestaba servicios en la propia municipalidad. Según se informó, en el expediente figura una orden de pago fechada el 15 de noviembre de 2019, a nombre de ese beneficiario y con imputación del gasto en la partida presupuestaria “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por un importe de $111.458 y con cheque como medio de pago. Pero el importe de los comprobantes adjuntos sumó $95.265, lo que implica que se abonó una suma mayor a la de la documentación de respaldo, dado que faltaron comprobantes por $16.193.
De la consulta de los investigadores en la página de la AFIP, en tanto, pudieron obtener la validación, ya que todos los comprobantes arrojaron el mismo error. Y tampoco encontraron que se hubiera realizado un procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos de oficina, cuando por el importe acumulado de las facturas se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación directa o abreviada.
Por otra parte, el análisis de otra orden de pago surgió como beneficiario un “proveedor genérico”, con una imputación del gasto que se efectuó en la partida presupuestaria “Ayuda Social a Personas”. Para los fiscales, hay irregularidades en este procedimiento, como la “falta de identificación del proveedor, la ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido e inconsistencias entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago”.
En otro caso, se pagaron honorarios a una persona, a través de la imputación del gasto en la partida presupuestaria “Servicios Jurídicos”. El pago fue en efectivo y se facturó dos veces el mismo periodo de marzo de 2019.
Además, la Unidad Fiscal sostuvo que, al analizar las facturas presentadas, advirtieron como un modus operandi la intención de justificar los gastos realizados, “toda vez que las facturas, en los casos explicados, o no son válidas, o no son correlativas y fueron completadas todas con una misma fecha”.
