SALTA – Aunque la acusación ya era endeble, pues la fiscalía sólo pudo llevar a dos acusados por el asesinato de la docente Rosa Sulca, la sentencia dictada por la Sala VI del Tribunal de Juicio profundizó esa falencia, con lo cual la sensación de injusticia se hizo sentir aún más tras la lectura del veredicto que dispuso siete absueltos, un condenado y la declaración de culpable para la principal acusada.
El asesinato de Sulca, como se debatió en el juicio, ocurrió el 28 abril del 2020 en la casa de la víctima, en Villa Mitre. La docente estaba sola en su casa, cuando la imputada, menor al momento del hecho, irrumpió y la atacó con un arma blanca, con la cual le asestó 17 puntazos.
En el fragor del ataque homicida, Sulca alcanzó a llamar al 911, pero su pedido de auxilio no tuvo una respuesta adecuada, razón por la cual siete empleados del 911, entre supervisores, operadores y despachantes, fueron llevados a juicio por su presunta responsabilidad en la muerte de la maestra.
Después de más de dos semanas de debate, el tribunal, integrado por los jueces Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra, dio a conocer su veredicto. En primer lugar, declararon penalmente responsable a la joven acusada del homicidio calificado de Sulca, cuya pena será determinada por el Juzgado de Menores, una vez que la sentencia quede firme.
Martín Oscar Laime (26), acusado de encubrimiento agravado, fue absuelto lisa y llanamente. La misma suerte recayó para los supervisores del área de Demanda Ciudadana, Marcelo Tintilay Cordeyro, Gustavo Javier González y Gabriela Valeria Moyano Casasola, quienes llegaron a juicio acusados del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, acusación que fue retirada por la fiscalía, en su alegato.
Respecto a Héctor Roberto Herrera, despachante del 911, el tribunal, en un fallo por mayoría, resolvió condenarlo por el delito de omisión de un acto funcional, aplicándole una pena de inhabilitación especial absoluta para ejercer funciones públicas por el término de un año, a lo que sumó el pago de una multad por 12.500 pesos. En minoría, uno de los jueces, propuso su absolución por aplicación del beneficio de la duda.
También por mayoría, Normando Domingo Corbera resultó absuelto del delito de omisión de acto funcional por aplicación del principio de la duda, mientras que la minoría se inclinó por la condena, el pago de multa de 12.500 pesos e inhabilitación especial absoluta para ejercer funciones públicas por el plazo de un año por el delito de omisión de acto funcional. Por aplicación del beneficio de la duda, fueron absueltos los otros despachantes del 911, Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, también acusados por el delito de omisión de acto funcional.
La absolución de Laime, contra quien la fiscalía había pedido una pena de 3 años y 4 meses, fue una de las que llamó la atención, pues el mismo tuvo un rol directo al ocultar datos que hubiesen permitido la inmediata detención a la joven asesina, a quien ayudo después del crimen de la docente, según la hipótesis de la fiscalía.
En cuanto a Herrera, quien intervino tras el llamado realizado por Sulca, el fiscal Leandro Flores y también el querellante, Pablo Tort, habían señalado que era función de Herrera asignar el móvil policial para que acudiera en auxilio de Sulca, pero omitió informar a los efectivos que se trataba de una mujer que manifestó que la estaban “matando”.
Según lo ventilado en el debate, se determinó que el despachante informó a los efectivos enviado a verificar lo que sucedía en el domicilio, pero no reprodujo lo que había dejado consignado el operador del 911 Pablo Bisón, quien atendió el llamado.
“Un poco más”
“No nos vamos a gusto con la sentencia, sí muy conformes con el trabajo que se ha realizado. Esperábamos un poco más de correlación con lo que se ha acontecido y lo que se ha vislumbrado en las audiencias con la resolución del Tribunal”, dijo el abogado querellante.
Sostuvo que la disconformidad es sobretodo “con las absoluciones dictada a los funcionarios públicos, más allá de que el Tribunal entendió, respecto al acusado Laime, que merece la absolución lisa y llana”. “Lo que más nos afectó a nivel Fundación es la violencia institucional que sufrió Rosa Sulca, que podría haber sufrido cualquier otro ciudadano frente a la omisión de estos funcionarios. No se han logrado las condenas que esperábamos”, agregó.
Tort señaló que evaluarán la presentación de un recurso de casación cuando tengan los fundamentos. Además, explicó que analizarán realizar otra presentación para que se investigue a los funcionarios de altos mandos de la policía, la Secretaría y Ministerio de Seguridad de aquel momento.
“Entendíamos que esta lucha era justa, que la responsabilidad del personal policial era efectiva y que debía aplicarse una pena, lamentablemente no se ha dado en la mayoría de los casos, solamente en uno”, remarcó.
El abogado Nicolás Vedia, defensor de Vizgarra, cuestionó que no se buscara a los responsables políticos, quienes diseñan los protocolos y por declaraciones de testigos se supo que los altos mandos del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, habrían dispuesto mayor atención a los casos de incendios de pastizales, estructurales y casos que tuvieran repercusión mediática, pero no ante pedidos de auxilio.
