SALTA – Un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales complicó la situación de la ex intendenta Angelina Lucía Canchi. El testigo, que declaró sobre el estado contable existente en la municipalidad tras el cese de gestión de la acusada, ratificó gran parte de las irregularidades señaladas por la fiscalía en la investigación penal que llevó a la ex jefa comunal a rendir cuentas ante la justicia.
Como ya lo informó este medio, Canchi está siendo juzgada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado.
La fiscal penal Daniela Murúa, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Orán, es que le lleva adelante la acusación. El debate se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, a cargo del juez Aldo Primucci, quien espera dar a conocer su veredicto, la próxima semana.
La ex intendenta fue denunciada por el actual intendente de esa localidad, Jorge Canchi, tras asumir en la intendencia, el 10 de diciembre de 2019, circunstancias en que no encontró prácticamente nada de documentación contable, un servicio de su antecesora, quien, de esta manera buscaba borrar rastros los hechos de fraude que, igualmente, la fiscalía terminó imputándole.
En el requerimiento de juicio, presentado por la fiscal penal Mónica Viazzi, se detallan numerosas medidas probatorias, entre ellas las declaraciones tomadas a testigos, uno de los cuales se presentó a declarar en el debate, oportunidad en la que se refirió a los informes contables, de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y el resultado de las pericias realizadas por el CIF.
Se trata de una perito contable, quien ratificó su informe sobre los puntos analizados y de la documentación evaluada. La testigo brindó detalles de las cuentas bancarias de la Municipalidad y a los tres préstamos personales que la acusada cubrió, según la fiscalía, con fondos del municipio.
La profesional sostuvo que se advirtió irregularidades con respecto a los informes contables mencionados y aclaró que no se cumplió con la Ley de Contrataciones de la Provincia. A su vez, contó que también realizó un análisis de los fondos de coparticipación que recibió de la Provincia, Nación y del Fondo Bicentenario, en un monto aproximado de ocho millones de pesos entre febrero de al 4 de diciembre de 2019.
Explicó, respecto a esos fondos, dijo que, de esa suma, siete millones habían sido ingresados a la Municipalidad. Respecto al otro millón, la perito indicó que pudo establecer que la cuenta bancaria había sido cerrada y no había datos adonde se habría destinado.
Asimismo, se extendió sobre una constatación del acta de la Jueza de Paz por los faltantes de elementos o bienes de la Municipalidad y los de la Cooperativa de la fábrica de dulces, que habrían desaparecido durante esa gestión, y agregó que no pudo determinar el valor de los mismos, entre el año 2015 al 2019, por no contar con la documentación.
Testigo falso
Por otra parte, y a pedido de la fiscalía, el juez ordenó correr vista a la fiscal en turno por la comisión del delito de falso testimonio, ante las discrepancias de un testigo con lo declarado en fiscalía y durante la audiencia, lo que llamó la atención del tribunal, por lo que no se descarta que haya sido “hablado”.
También declaró un empleado municipal y la sobrina que cobraron con cheques de la Municipalidad. Esta última dijo que lo hizo en representación de su mamá que era excuñada de la acusada y proveía de mercaderías varias a la Municipalidad entre 2015 al 2019.
Cabe mencionar que, entre otras imputaciones, la ex intendenta está acusada de haber hecho desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio. De esta manera, según la fiscalía, impidió cualquier tipo de control por parte de la nueva gestión.
La fiscal Viazzi, al respecto, dijo que esa acción son maniobras desplegadas (ardid) para cometer el fraude, ya que así se disponían los fondos públicos de manera discrecional con evidente perjuicio a erario municipal con lucro indebido a propios y ajenos.
También detalló que, de una pericia realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio, lo que complicó la gestión del actual jefe comunal.
Sobre la acusación de peculado, cuatro hechos, explicó que el primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión. Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.
El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular. El tercer hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.
El último, en tanto, se refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.
