SALTA – En la cuarta jornada del juicio seguido a la ex intendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucia Canchi, de 56 años, su sucesor en el cargo, actual jefe comunal y reelecto el 14 de mayo pasado, Jorge Canchi declaró respecto a los delitos que pesan en contra de la ex funcionaria municipal, cuya situación procesal va de mal en peor.
Canchi, como se sabe, es juzgada por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real.
Al reanudar las testimoniales, el juez Aldo Primucci, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, llamó a declarar al actual intendente del municipio. Canchi no anduvo con rodeo y ratificó la denuncia penal que realizó el día que asumió el cargo, luego de llegar al edificio municipal y descubrir que lo habían vaciado.
En su relato, explicó que, al presentarse para asumir, el 10 de diciembre de 2019, estaba únicamente el secretario de gobierno de la ex intendenta, Saturnino Zambrano, pero lo que más resaltó fue que en ese momento no se le hizo entrega de ninguna documentación, no había chequera, y tampoco fondos municipales.
Con el correr de los días, se enteró, por los empleados, que no se le había pagado el sueldo de noviembre. Indicó que les pidió que le hicieran una nota y que para poder afrontar ese pago tuvo que pedir un préstamo. El 13 de diciembre de ese año, en tanto, empezó a hacer averiguaciones en el Banco Macro y le dijeron que no había plata en la cuenta del municipio, por lo que la cerró.
También se le informó que la coparticipación de ocho millones se había acreditado al 4 de diciembre. Al cerrar la cuenta, empezaron a aparecer varios cheques que habían sido librados en diciembre, firmados por la ex intendenta y no pudieron cobrarse. Meses después tuvo que cancelar esa deuda por un monto de un millón y medio de pesos.
Explicó que antes de asumir no pudo reunirse con su antecesora ya que ella entró de licencia médica hasta que él se hizo cargo. Dejó en claro que fue empleado municipal y sabía que los sueldos eran bancarizados, que las horas extras no se pagaban con cheque sino a través de órdenes de pago en efectivo.
A sabiendas de que esas documentaciones tampoco estaban en la municipalidad, es que dispuso un relevamiento de los bienes de la comuna. Por otra parte, refirió que la Cooperativa de la Fábrica de Dulces nunca funcionó y que los bienes habían desaparecido en su totalidad. Las instalaciones estaban acondicionadas con camas desde la pandemia, y así continúa hasta la actualidad.
Concluido su testimonio, el tribunal escuchó a un empleado municipal y también a la expresidenta de la Cooperativa de la fábrica de Dulces, quien aportó otras precisiones sobre el funcionamiento de ese emprendimiento y la injerencia que tuvo la acusada.
Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal interina de Delitos Económicos Complejos de Orán Mariana Torres. La defensa de la acusada está a cargo de Lucinda María Segovia y Enzo Saldía. Los hechos en debate, en tanto, surgen de la gestión de la ex intendenta, entre 2015 a 2019.
Destituido y denunciado
La testimonial de Canchi no pasó desapercibida, pues en una sesión extraordinaria reciente del Concejo Deliberante de Isla de Cañas, se aprobó su destitución por incumplimiento de sus deberes y funciones de funcionario público, decidió a la que se arribó debido a que no respondió a reiterados pedidos de balances e informes referidos al manejo del dinero municipal, principalmente los destinados a obras públicas.
En paralelo, el presidente del ese cuerpo deliberativo, Lucio Chambi, ahora intendente interino, presentó una denuncia penal por los mismos motivos de su destitución. El edil indicó que la destitución se sustentó en las reiteradas falencias de la gestión municipal durante todo 2022 y lo que va de 2023.
Dijo que el año pasado el Concejo aprobó las ordenanzas 133, 139; y 146 y 154, de este año, por las que se solicitaba al Ejecutivo municipal que expusiera los balances de ingreso y egreso de dinero del municipio. Ante la ausencia de respuestas, Chambi y los concejales Gabriel Soto y Héctor Apaza denunciaron que se estaba incumplimiento la ley 8126, que regula las acciones del municipio, ya que consideraron que no se están cumpliendo los artículos 37 y 39 de esa norma, que obliga a la rendición de los ingresos y gastos municipales. La destitución fue votada por unanimidad.
En vista de ello, “hemos presentado ordenanza tras ordenanza y ninguna fueron contestadas”. “Hicimos los pasos que correspondían como Cuerpo”, resaltó el ahora intendente interino, quien calificó de “soberbio” al jefe comunal destituido.
Chambi también insistió en que el marco normativo que rige en el municipio deja expresado que deben garantizarse rendiciones semestrales. “Es una obligación de cada funcionario, y (Canchi) no lo hizo”, aseguró y señaló que la falta de respuestas generó un gran malestar, tanto en los ediles como en todos los vecinos, pues en la sesión extraordinaria hubo más de 50 personas que cuestionaron a Canchi.
Uno de los reclamos gira en torno a una obra de alumbrado público en el paraje Cortaderas, la que fue presupuestada en 12 millones de pesos, sin embargo, “la gente está molesta porque dicen que eso no son los gastos reales”, comentó Chambi, quien adelantó que se presentará una denuncia al respecto.
