SALTA – Oficialmente, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos de Salta reveló un reporte elaborado a partir del desprendimiento patrimonial realizado por un total de 537 denunciantes. De este ejercicio, el gabinete de peritos estableció el perjuicio económico en las siguientes sumas: 189.603.052,70 de pesos y U$S 2.624.992,36.
A propósito, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio explicó que el 15 de junio pasado amplió la imputación penal a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresa contra cuatro personas que ya imputadas en la causa conocida como “Saulo Capital SRL”.
En la audiencia de ampliación penal, dos de los acusados declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que los otros dos imputados se abstuvieron de responder a la nueva acusación, sin que sus abogados defensores tampoco hicieran planteos ni objeciones.
De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los desprendimientos patrimoniales, en su mayoría, se realizaron como parte de contratos de inversión celebrados por los afectados con la financiera, lo que sucedió durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).
Respecto a dónde está el dinero acaparado, la fiscalía informó que al realizarse los allanamientos en los locales comerciales no se encontró nada y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Salinas Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer la plata.
Esas sumas ingresaban a la empresa procedente de los pagos que efectuaban los clientes por los contratos de capitalización celebrados que no se cumplimentaron, y que concluyeron con el cierre de la financiera. Por otra parte, se informó que la totalidad de los locales comerciales estaban cerrados o en poder de terceros, todo ello afectando el patrimonio, garantía común de los acreedores.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, se determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.
La investigación
En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la fiscalía cientos de denuncias por estafas, la UDEC inició la investigación. Como resultado de las pesquisas, el 5 de enero pasado, fueron allanados cinco domicilios –cuatro en la ciudad de Salta y uno en Santa Victoria Oeste- en el que fueron detenidos una mujer y tres hombres, entre ellos un sargento de la Policía de Salta, a disposición de Recursos Humanos.
En las viviendas allanadas en la capital de la provincia, ubicadas en los barrios Miguel Aráoz, Altos de San Bernardo, Morosini y Santa Victoria, fueron secuestrados dinero en efectivo, cuentas de criptomonedas, automóviles, celulares y documentación de interés para la causa. Además, fueron allanados diez comercios vinculados a la firma Saulo Capital SRL.
Según las denuncias, los afectados eran motivados por difusiones de inversión con plazos cortos de retornos de intereses, superiores a los ofrecidos en los mercados de tipo formal y regulados-suscribieron contratos o actas acuerdo en las que se les prometían inversiones de dinero en moneda nacional y/o extranjera (dólares estadounidenses).
Los contratos indicaban que luego de 180 días le devolverían el capital más un 140% y 180% de ganancias, dependiendo de lo invertido. Otras de las previsiones sugerida por la empresa, consistía en ofrecerles un contrato por 4 y 6 meses con una remuneración del 17,6% del capital invertido y, si un mes antes se quería retirar el dinero, el inversor debía avisar con antelación y de no ser así se continuaría pagando sin ser necesario renovar el contrato (renovación automática).
La fiscalía determinó que los responsables tendrían en administración un Pool de comercios, que fueron fruto de la inyección de capitales captados a través de la financiera encubierta que administraban los involucrados. La empresa publicitaba mediante páginas en web y difusiones masivas de inversores iniciales, mostrando solvencia económica y montando así una estructura y actividad sumamente rentable creando un contexto propicio para quienes avizoraban altos y rápidos retornos.
