(SALTA).- Por Diego Nofal – Ada Zunino, la actual defensora general de Salta, enfrenta un expediente judicial que el programa Par Político puso al descubierto y que revela una escalofriante trama de corrupción y abuso de autoridad en el corazón del Poder Judicial.
La abogada Micaela Plaza Amado presentó una denuncia ante la Justicia Federal donde narra cómo la ex jueza de garantías número 1 habría utilizado su cargo para beneficiar a su círculo íntimo y comerciar con la libertad de los detenidos. De acuerdo con lo que establece el expediente, Plaza Amado estuvo en la casa de Zunino en varias ocasiones y fue testigo directa de maniobras ilegales que involucran a funcionarios de alto rango.
Entre esos episodios, la denunciante mencionó el momento en que se enteró de que su pareja de entonces, Marcelo Fernández, no era abogado y había estado ejerciendo ilegalmente bajo el amparo de la magistrada.
El expediente revela un dato aún más perturbador, ya que en esa misma fiesta organizada por Zunino estaba presente el ex secretario de seguridad Benjamín Cruz, una figura vinculada al asesinato de Darío Monge. Según consta en la denuncia, Cruz le proporcionaba datos de los detenidos a Marcelo Fernández para que este pudiera ofrecer sus servicios como abogado, aprovechando información privilegiada del sistema penitenciario.
La presencia de Cruz en el domicilio de Zunino no es un hecho menor, porque demuestra que la red de complicidades de la magistrada trascendía el ámbito judicial y se extendía al área de seguridad. De acuerdo con lo que establece el expediente, esta conexión entre Zunino, Fernández y Cruz habría permitido direccionar causas y beneficiar a ciertos detenidos a cambio de sumas de dinero.
La denunciante Plaza Amado sostuvo que fue testigo de cómo la ex jueza de garantías dejó libre a un preso a cambio de dinero, un hecho que constituye un delito de cohecho gravísimo y un abuso de autoridad inaceptable. Marcelo Fernández, según el relato de la abogada, le confesó que él personalmente le iba a llevar una parte de ese dinero a Ada Zunino, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal dentro del Poder Judicial.
El expediente menciona además que en la celebración en casa de Zunino estuvieron presentes el juez Luciano Martini, el juez Ignacio Colombo y el defensor Carlos Genovese, todos ellos rodeando a la magistrada en un acto de complicidad. La presencia de estos jueces, según consta en la denuncia, demuestra que la trama de encubrimientos no era obra de una persona aislada sino de una red perfectamente engrasada.
El abuso de poder de Ada Zunino se manifiesta no solo en los presuntos cobros de coimas, sino también en la protección que habría brindado a Fernández, quien ejerció la abogacía sin título durante años con total impunidad. La magistrada no solo sabía que Fernández era un impostor, sino que además lo integró a su círculo más íntimo y lo presentó como un profesional ante otros jueces y funcionarios.
El expediente revela que Fernández mantenía una relación afectiva con Plaza Amado mientras le ocultaba su verdadera condición, y la propia Zunino habría sido cómplice de ese engaño. La denunciante, al descubrir la verdad, decidió romper el silencio y presentar una denuncia que hoy sacude los cimientos del sistema judicial salteño.
La conexión de Zunino con Benjamín Cruz, un ex funcionario vinculado al asesinato de Darío Monge, agrega un componente de extrema gravedad a esta causa que la Justicia Federal debe investigar con urgencia. El expediente señala que Cruz le pasaba información confidencial sobre detenidos a Fernández, quien luego se presentaba en las comisarías para ofrecer sus servicios ilegales.
Esta práctica, de acuerdo con lo que establece la denuncia, habría sido avalada y hasta alentada por Ada Zunino, quien veía en Fernández un aliado útil para sus negocios oscuros. La ciudadanía salteña tiene derecho a saber cómo es posible que un ex secretario de seguridad con semejante historial haya estado tan cerca de una magistrada de la talla de Zunino.
El procurador Pedro García Castiella, lejos de garantizar la transparencia, le prohibió a Plaza Amado hablar en los medios y con eso se convirtió en un eslabón más de esta cadena de encubrimientos. El silencio impuesto a la denunciante no solo protege a Zunino sino también a todos los funcionarios que participaron de estas reuniones y que hoy aparecen mencionados en el expediente.
La presencia de Martini, Colombo y Genovese en la casa de Zunino debería ser investigada a fondo, porque todos ellos podrían haber tenido conocimiento de las maniobras ilegales de la magistrada. La Justicia Federal tiene en sus manos la oportunidad histórica de desbaratar una red de corrupción que opera desde hace años en los tribunales salteños.
El expediente Zunino no es un papel más en la Justicia
La defensora general, pese a las gravísimas acusaciones que pesan sobre ella, continúa ejerciendo su cargo con total normalidad, como si nada hubiera ocurrido y como si el expediente no existiera. Este sarcasmo institucional, donde los acusados de corrupción siguen ocupando los cargos más altos, resulta insoportable para una sociedad que exige transparencia.
El expediente Ada Zunino no es un papel más en los archivos judiciales, sino la prueba documental de un sistema podrido que necesita una reforma urgente y profunda. Es hora de que la Justicia actúe con independencia y determine si existen elementos para procesar a la defensora por cohecho y abuso de autoridad.
