SALTA – Luego de un mes de audiencias, ayer, el juez Aldo Primucci dio a conocer su fallo respecto al juicio que se le siguió a la ex intendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi, quien fue condenada a cuatro años de prisión, siendo retirada de la sala esposada, una escena que aterrorizó a otros ex intendentes que son juzgados por fraude, como el caso de Manuel Cornejo, de Campo Quijano, quien se apresuró y se declaró doliente de varias afecciones.
Canchi, de 56 años, llegará a los 60 tras las rejas y lo hará por haber sido hallada culpable de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos) todos en concurso real, en perjuicio de la Municipalidad de Isla de Cañas.
Una vez leído el veredicto, los policías de la sala esposaron a Canchi y la llevar a la Unidad Carcelaria de Orán, donde cumplirá la pena estipulada, la cual aún no se encuentra firme, por lo que no se descarta que la defensa revierta la situación a través de algún planteo de apelación.
Entre otros puntos resueltos por el magistrado, se dispuso la inhabilitación de por vida de la ex intendenta para el ejercicio de cargos públicos, con lo cual quedó fuera del tablero de la función pública, una pena accesoria dispuesta por el Código Penal para los casos de fraude por parte de los funcionarios públicos.
La situación de Canchi, a decir verdad, estaba al caer, pues desde que comenzó el juicio, los testigos no hicieron que complicar su situación procesal. Sólo uno de ellos, un ex funcionario de la acusada, intentó rescatarla de las acusaciones, pero la jugada le salió mal, pues lo detuvieron por falso testimonio.
La ex intendenta, por su parte, se mantuvo en silencio, se negó a declarar sobre los delitos en su contra, lo que allanó el camino de la fiscalía, en este caso a cargo de la fiscal Mariana Torres, quien no vaciló y, en su alegato final, ratificó todos los cargos imputados a Canchi.
Los hechos
El 10 de diciembre de 2019 Jorge Canchi asumió como intendente de Isla de Cañas, quien se presentó en la sede de la municipalidad para el traspaso de gestión, pero no se encontró con su antecesora sino apenas con el ex Secretario de Gobierno Saturnino Zambrano, miembro del gabinete saliente.
El intendente, al declarar en el debate, advirtió la ausencia de documentación relacionada a la actividad contable, la falta de pago de los sueldos a los empleados municipales, la emisión de un total de 72 cheques del Banco Macro emitidos entre el 4 al 27 de diciembre de 2019, entre otras irregularidades.
Con el correr de los días, se enteró, por los empleados, que no se le había pagado el sueldo de noviembre. Indicó que les pidió que le hicieran una nota y que para poder afrontar ese pago tuvo que pedir un préstamo. El 13 de diciembre de ese año, en tanto, empezó a hacer averiguaciones en el Banco Macro y le dijeron que no había plata en la cuenta del municipio, por lo que la cerró.
También se le informó que la coparticipación de ocho millones se había acreditado al 4 de diciembre. Al cerrar la cuenta, empezaron a aparecer varios cheques que habían sido librados en diciembre, firmados por la ex intendenta y no pudieron cobrarse. Meses después tuvo que cancelar esa deuda por un monto de un millón y medio de pesos.
Explicó que antes de asumir no pudo reunirse con su antecesora ya que ella entró de licencia médica hasta que él se hizo cargo. Dejó en claro que fue empleado municipal y sabía que los sueldos eran bancarizados, que las horas extras no se pagaban con cheque sino a través de órdenes de pago en efectivo.
En su alegato, en tanto, la fiscalía le adjudicó a Canchi cuatro hechos de peculado, siendo el primero de ellos referido a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión. Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos mientras se encontraban bajo su custodia.
El segundo hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador particular para realizar reparaciones en su domicilio particular. El tercer hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.
El cuarto hecho imputado refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.
