SALTA – En una audiencia oral, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino rechazó un pedido de prisión preventiva interpuesto por la fiscalía penal 2, en el marco de la causa penal abierta por un fraude millonario en la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, hecho por el cual el 11 de julio pasado, fue detenido Sergio López, un empleado de 60 años que cumplía funciones de cajero en la sede central, en calle Sarmiento y General Güemes.
En compensación, ordenó medidas sustitutivas, entre ellas la prohibición de salir del país, la retención de documentos de viaje y la notificación a las autoridades pertinentes respecto a la imputación en su contra por el delito de administración fraudulenta, acusación que le fue formalizada el 13 de julio.
El viernes pasado, la fiscal María Luján Sodero, había pedido la prisión preventiva del acusado por considerar que aún existen medidas probatorias pendientes, como una pericia contable dentro de la institución, por lo que consideró necesario que López permanezca detenido.
En ese orden, el magistrado estableció la prohibición de contacto del imputado con las personas que integran la caja y que puedan ser peritos, testigos o personas que puedan tener intervención en el proceso y dispuso el arresto domiciliario con un sistema de monitoreo.
Por otra parte, impuso al acusado una caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin.
Este monto se corresponde con un informe preliminar aportado por la Caja de Abogados, en el que se estima el dinero sustraído en relación a la causa. Ordenó también mantener el estado de detención hasta tanto se cumplan los informes de factibilidad y se acrediten las cauciones.
Al explicar su resolución, el juez tuvo en cuenta para ello el hecho de que las partes no acreditaron de manera suficiente el peligro procesal del imputado, y que en casos anteriores similares se había adoptado idéntico criterio por parte del Ministerio Público Fiscal. Además, consideró la falta de antecedentes del hombre en su prontuario.
Sostuvo que tanto la fiscalía como las querellas, al fundar su pedido de prisión preventiva, se refirieron a un riesgo procesal de fuga y entorpecimiento basado en situaciones hipotéticas que podrían ser aplicadas a cualquier delito y a cualquier persona, sin precisar en detalle cómo se verían afectadas esas garantías.
La investigación
La investigación surge de una denuncia radicada por La Caja de Abogados, en la que los apoderados sostuvieron que el 15 de junio pasado, personal perteneciente al sector contable de la institución, mientras controlaba aportes adeudados generados en procesos judiciales advirtió una irregularidad registrada en el cobro de un expediente, consistente en el pago y la anulación del recibo respectivo.
Esta situación llevó a realizar un relevamiento de los distintos cierres de caja correspondientes a los recibos de esta gestión, por lo cual se advirtió una posible maniobra fraudulenta de desvíos de fondos. De la denuncia surge que el acusado habría recibido el dinero en efectivo, el que ingresó en la institución para luego ser anulado su ingreso a caja.
Desde la Caja explicaron que la maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar, provocando que, en los registros informáticos internos, el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.
El acusado cumplía la función de cajero y se habría apoderado de bienes ajenos a su propiedad, accediéndolos ilegítimamente a su patrimonio, luego de efectuar maniobras registrales fraudulentas y con las cuales evitaba se detecte su proceder.
Al respecto, la fiscalía sostuvo que la investigación continúa en atención de que estos fondos son de origen privado, pero están vinculados a la seguridad social de los abogados matriculados, adquiriendo un interés que excede el ámbito privado.
Por último, insistieron en que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas, tendientes a esclarecer la situación y determinar si se trata de hechos aislados y si existió la participación de terceras personas.
