SALTA – El intendente electo de Animaná, Rolando Guaimás, condenado hace unos meses, el 5 de septiembre, fue el primero en recibir su regalo de Navidad. Papa Noel no necesitó bajar por la chimenea y mucho menos escuchar cuál era su mayor deseo, pues el mismo era más que conocido: un fallo absolutorio de parte de la justicia de Salta a fin de poder iniciar su segundo mandato, sin la deshonrosa condena que le fuera impuesta por el delito de peculado.
Que los benefactores sean jueces del Tribunal de “Impunidad” (también llamado de Impugnación de enero a octubre) tampoco fue sorpresa, pues ya es costumbre que los integrantes de este fuero otorguen regalos de esta magnitud en esta época del año.
En este caso, y dado que las urgencias políticas exigían una entrega anticipada, los primeros en vestirse de Papa Noel fueron los jueces Pablo Arancibia y Edith Rodríguez, de la Sala II, quienes en un fallo de 20 fojas hicieron feliz a Guaimás, al que beneficiaron otorgándole la absolución, la que también se hizo extensiva a Romina Guanca, empleado de la municipalidad de Animaná.
De esta manera, el intendente no sólo se salvó de cumplir una condena de dos años y medio, sino también de la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, lo que le habría impedido este domingo reasumir como jefe comunal.
La condena, dictada el 5 de septiembre pasado, le había sido impuesta por la jueza Norma Beatriz Vera, de la Sala IV del Tribunal de Juicio, quien también impuesto a Guanca una pena de dos años de prisión e inhabilitación por el mismo delito.
El intendente y la empleada, cabe señalar, fueron juzgados por la sustracción de materiales de construcción del municipio, los que fueron utilizados para edificar una vivienda particular, para lo cual también se valieron de mano de obra de otro empleado municipal.
Para la jueza, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, acreditó que Guaimás incurrió en la conducta delictiva de peculado, incluida en la categoría de malversación de fondos, según lo determinado en el artículo 261 del Código Penal.
La acusación tuvo como base una denuncia realizada por un vecino del barrio Juan Carlos García Basalo, ubicado en la zona oeste de esta ciudad, quien reveló una situación anormal y sospechosa que sucedía en esa barriada. Indicó la presencia frecuente de un camión con la inscripción de la Municipalidad de Animaná, del cual se descargaba materiales de construcción que sirvió para la edificación de una vivienda de ese barrio. Esto sucedió a fines del año 2020.
Posteriormente, como resultado de las investigaciones del caso, la fiscalía aseguró que pudo verificar el tenor de la denuncia, sino también estableció que la propiedad en la que se edificó la vivienda pertenece a Guanca, la empleada municipal.
También se descubrió que el albañil responsable de la obra también era empleado del mismo municipio, cuya presencia se debió a una orden que le fue impuesta por el mismo jefe comunal, quien lo comisionó a cumplir su horario de trabajo en esa edificación.
Explicó que esto se debió a que su esposa estaba enferma y tenía que permanecer en la capital, circunstancias que fue aprovechada por Guaimás para aprovecharse y ahorrarse la mano de obra, también a costa del municipio, de donde salieron los materiales para la construcción de la casa.
Condena revertida
El 15 de noviembre pasado, la sentencia fue borrada con el codo por los jueces Arancibia y Rodríguez, quienes entendieron el caso muy distinto a lo resuelto por la jueza Vera, por lo que se volcaron por absolver a los dos acusados, no de forma plena, pero si por en beneficio de la duda, suficiente para limpiar el prontuario del electo intendente.
Para quebrar el fallo condenatorio, los camaristas les dieron cabida a las quejas de la defensa de Guaimás respecto a la declaración del testigo que destapó la olla, el 18 de diciembre de 2020. Los jueces le buscaron la quinta pata al gato en el testimonio de este testigo y la hallaron.
En consonancia con el reclamo defensivo, los jueces entendieron que una disputa satelital entre Guanca y el denunciante puso en duda la conducta delictiva de Guaimás. Para la defensa, la denuncia fue mendaz y fue hecha solo para perjudicar a la empleada municipal debido a conflictos intrafamiliares, por lo que la sentencia fue arbitraria.
Al respecto, la fiscalía ratificó “la reconstrucción circunstanciada lograda a través de las pruebas producidas en el debate, toda vez que el plexo probatorio permitió reeditar lo sucedido, el grado de participación que le cupo a los imputados y el encuadre jurídico de las conductas llevas a cabo las que resultan configurativas del delito de peculado, lo que descarta la pretendida arbitrariedad” alegada por la defensa.
En su análisis, los jueces de “Impunidad” aceptaron los cuestionamientos aludidos por la defensa. “Entiendo que en esta instancia donde es dable exigir la certeza, la respuesta negativa se impone, por cuanto del cotejo integral de las pruebas producidas emergen opiniones y dudas a partir de una deficiente investigación inicial que aparejó una orfandad probatoria en el debate por cuanto no se ofrecieron declaraciones testimoniales de vecinos para otorgar mayor firmeza a la acusación”, sostuvo Arancibia.
Dijeron que habría sido mejor sumar otras testimoniales y la realización de una inspección ocular en el domicilio de Guanca, todo lo cual derivó en la “materialización de una acusación carente de suficiente sustento probatorio, situación que determina un grado de conocimiento de duda la que debe ser interpretada en forma favorable a la situación de las personas imputadas”.
“En virtud de todo ello, y agotada la capacidad de revisión, corresponde hacer lugar al recurso, debiéndose revocar la resolución condenatoria y disponer la absolución por beneficio de la duda a favor de Romina Alejandra Guanca y José Rolando Guaimás”, concluyeron.
