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Opinión

Coparticipación y una discusión necesaria

Es hora que en Argentina avancemos en esta discusión, pero no retrocedamos hacia más centralismo que atrasa.

Por Pablo Kosiner

Hace algunos días, el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y aliado del gobierno Nacional José Luis Espert expreso dirigiéndose al Gobernador de Salta Gustavo Sáenz y en relación a la coparticipación:  “Devuelva la diferencia, baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños. Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar…y recaudar”.

Independientemente de que tales afirmaciones demuestran un grado de desconocimiento  alarmante de un representante nacional respecto de que es la coparticipación, lo que significa en esencia para las provincias y su mecanismo de funcionamiento, resulta una muy buena oportunidad para explicar porque se distribuyen los recursos coparticipables actualmente de una manera determinada y que pasaría si las provincias que perciben de la masa coparticipable más de lo que generan en recaudación debieran devolver ese excedente. Pero además formular propuestas superadoras.

Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que a coparticipación nacional en Argentina es un mecanismo establecido por la Constitución Nacional y regulado por leyes específicas, que determina la distribución de los ingresos fiscales entre el gobierno nacional y las provincias. Este sistema tiene como objetivo principal garantizar una distribución equitativa de los recursos financieros para que todas las jurisdicciones del país puedan cumplir con sus responsabilidades en la prestación de servicios públicos y el desarrollo económico y social.

Existen dos tipos de fondos en el sistema de coparticipación: los fondos automáticos, que se distribuyen de acuerdo con los porcentajes establecidos por ley sin intervención directa del gobierno nacional, y los fondos discrecionales, que son asignados a discreción del gobierno central para financiar programas específicos o necesidades urgentes. Hoy algunos de esos fondos están siendo retenidos injustificadamente por el gobierno nacional o bien directamente no se ejecutan los programas respectivos a pesar de estar presupuestados.

Ingresando en las argumentaciones para refutar la idea unitaria y concentradora de mayores desigualdades que postula Espert podríamos comenzar por los principios de Equidad y solidaridad.

En efecto, el principio fundamental de la coparticipación federal es la solidaridad entre las provincias. Las regiones más ricas contribuyen más al fisco nacional, mientras que las menos desarrolladas dependen más de los fondos de coparticipación para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Por lo tanto, exigir que las provincias devuelvan el exceso de fondos contradice este principio de solidaridad y podría exacerbar aún más las disparidades económicas y sociales entre las regiones.

Otra cuestión es la vinculada a las asimetrías económicas y sociales significativas entre las provincias argentinas. Algunas regiones enfrentan desafíos estructurales que dificultan su desarrollo económico, como la falta de infraestructura, la escasez de recursos naturales o la baja productividad. Exigir que estas provincias devuelvan el exceso de fondos podría agravar estas asimetrías y dificultar aún más su capacidad para brindar servicios básicos a sus ciudadanos.

La coparticipación federal no puede entenderse simplemente en devolver el dinero recaudado en exceso, sino requiere mayor eficiencia redistribuyendo los recursos de manera equitativa para garantizar que todas las provincias tengan acceso a los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Las provincias más ricas pueden beneficiarse indirectamente de la estabilidad y el desarrollo de las regiones más pobres, lo que a su vez contribuye al bienestar económico general del país.

 Exigir que las provincias devuelvan el exceso de fondos podría desincentivar la inversión y el crecimiento en las regiones menos desarrolladas. Si estas provincias saben que van a ser penalizadas por recibir más fondos de los que recaudan, podrían ser menos propensas a invertir en proyectos de desarrollo que podrían beneficiar a largo plazo a toda la nación.

En conclusión, responder a esta afirmación egoísta del Diputado Espert implica destacar la importancia de la solidaridad entre las provincias, reconocer las asimetrías regionales y la necesidad de redistribuir los recursos de manera equitativa para promover el desarrollo económico y social en todo el país.

No obstante, lo expresado, hoy se presenta un gran desafío que es optimizar mucho más esa distribución de recursos ya que aún con los criterios vigentes, las brechas de desarrollo entre las regiones argentinas lejos de achicarse se han acentuado.

Es una buena oportunidad para experimentar contemplando otras estrategias que han resuelto en el mundo situaciones semejantes como lo son el Fondo de Cohesión de España, el Fondo de Participación de los Estados y el Fondo de Participación de los Municipios de Brasil, las Transferencias Federales en Apoyo de las Prioridades Locales, que incluye programas como el Fondo de Estabilización Fiscal y el Programa de Transferencias para Infraestructura Municipal Rural de Canadá o el  Fondo de Ayuda Financiera a los Estados (FAFE) y el Fondo Local de Ayuda Financiera (LGAFF) de Australia y los Fondos de Solidaridad Regional y Nacional en Italia, entre otros.

Estas son solo algunas de las experiencias de fondos compensadores utilizados en diferentes países para abordar las asimetrías entre las provincias. Cada país adapta su enfoque según sus propias necesidades y circunstancias específicas, pero el objetivo común es reducir las disparidades regionales y promover un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.  Es hora que en Argentina avancemos en esta discusión, pero no retrocedamos hacia más centralismo que atrasa.