SALTA – (Por Matilde Serra) – En un acto reciente, el gobernador de Salta, Gustavo Ruperto Sáenz, anunció con gran pompa una inversión de 60.000 millones de pesos destinada al saneamiento de agua en el departamento de Los Andes. El anuncio del Gobierno provincial fue recibido con aplausos y admiración. Pero al examinar los detalles, surgen preguntas inquietantes. ¿Es realmente un logro aplaudible? ¿Qué se esconde detrás de esta colosal inversión en una de las zonas menos pobladas de la provincia?
El Departamento de Los Andes es una región de Salta con características geográficas y demográficas particulares. Su extensión es inmensa, con alrededor de 30.000 km², pero está habitada por menos de 6.000 personas, lo que resulta en una densidad de población extremadamente baja de aproximadamente 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Este Departamento es conocido por su terreno árido y la presencia de comunidades dispersas, principalmente en localidades como Tolar Grande, Olacapato y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Estas comunidades, aunque pequeñas, tienen una importancia estratégica debido a la actividad minera en la región, lo que justifica algunas inversiones, aunque desproporcionadas en comparación con otras áreas más pobladas.
En contraposición con Tartagal, una ciudad con 72.000 habitantes y una densidad de población de aproximadamente 43 personas por kilómetro cuadrado, la necesidad de infraestructura de servicios básicos es urgente y afecta a un número considerable de personas. La inversión realizada en un pozo de agua potable, que costó 18 millones de pesos, benefició directamente a 600 familias (alrededor de 3.000 personas). Esto se traduce en una inversión de solo 6.000 pesos por habitante.
Al contrastar ambas inversiones, en Los Andes se gastarán 60 millones de pesos por habitante, mientras que en Tartagal se invirtieron apenas 6.000 pesos por persona. Esta comparación subraya la desigualdad en la distribución de recursos, evidenciando una priorización desmedida de una región poco poblada, posiblemente debido a intereses mineros, sobre una ciudad con necesidades urgentes y una población considerablemente mayor. La decisión del gobierno provincial, de destinar 60.000 millones de pesos a una zona con tan baja densidad poblacional en lugar de dirigir esos recursos a lugares donde podrían beneficiar a una mayor cantidad de personas refleja una estrategia de inversión que no responde a criterios equitativos o de impacto social.
¿A quién beneficia en realidad tamaña inversión?
El análisis del destino de la inversión en el Departamento de Los Andes, particularmente en las localidades de Olacapato, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande, revela una situación preocupante en cuanto a la asignación de recursos públicos. Estas tres localidades, que en conjunto suman alrededor de 1.000 habitantes, se ubican en una zona estratégicamente explotada por grandes empresas mineras, como Mine Unlimited, Riotinto, Anglo Gold y Mansfield. Estas corporaciones están involucradas en la extracción de recursos valiosos y, como es habitual en la minería, su operación tiene un impacto considerable en el medio ambiente, particularmente en el uso y contaminación de las fuentes de agua.
La decisión del gobierno provincial de invertir 60.000 millones de pesos en una obra de saneamiento de agua en estas áreas genera serias dudas sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de dicha inversión. En principio, una inversión de esta magnitud podría parecer justificada si consideramos solo el bienestar de las comunidades locales. Sin embargo, la realidad es que estas comunidades son pequeñas y dispersas, mientras que las mineras son los actores con mayor presencia y actividad en la zona.
En un escenario lógico, serían las empresas mineras quienes deberían asumir el costo del saneamiento y mitigación de los daños ambientales que generan. La normativa ambiental en muchos países, incluida Argentina, estipula que las empresas son responsables de los impactos que causan y, por ende, deben cubrir los costos asociados a la restauración y protección del medio ambiente. Sin embargo, en este caso, parece que la provincia está utilizando fondos públicos para financiar una infraestructura que, indirectamente, facilita la operación continua de estas empresas.
Este hecho abre un debate sobre el verdadero propósito de la inversión. Mientras que oficialmente se presenta como una obra para mejorar la calidad de vida de los pobladores, la magnitud y ubicación de la inversión sugiere que el principal objetivo podría ser aliviar a las mineras de sus responsabilidades ambientales. En lugar de exigir a las empresas que cumplan con sus obligaciones, el gobierno parece haber decidido asumir esos costos, destinando recursos que podrían haber sido empleados en áreas con mayores necesidades sociales y poblacionales. Esto plantea una grave preocupación sobre la influencia que estas corporaciones tienen en las decisiones gubernamentales y la prioridad que se le da a sus intereses sobre los del bienestar público.
En suma, la verdad que es la única realidad, es que quienes realmente terminan pagando por esa obra son todos los habitantes de Salta. Con el dinero de sus impuestos, se financia el saneamiento de agua que deberían costear las mineras, responsables directas de la contaminación.
