SALTA – Por Matilde Serra – Como una trágica paradoja, aquella zamba que inicia sus versos cantando: “Salta, es una mujer…”, busca rescatar la conexión profunda entre la identidad cultural y la tierra salteña, donde esa letra que se volviera emblemática, celebra la belleza y el espíritu de la provincia, personificándola como una mujer fuerte y vibrante. Es paradójica, porque en Salta si algo todavía falta consolidar cultural y socialmente es el respeto a la mujer, y trágica, porque es uno de los sitios del país donde abundan los casos de violencia de género, femicidios y un fenómeno inentendible: la desaparición de mujeres.
En Salta, la situación de las desapariciones es alarmante, con aproximadamente 120 personas desaparecidas registradas, algunas de las cuales datan de años anteriores. Esta cifra es variable y puede cambiar con el tiempo, dependiendo del trabajo realizado por las fuerzas policiales para localizar a los desaparecidos.
Durante 2024, se han documentado al menos 14 casos nuevos en el registro oficial de la policía provincial, destacándose desapariciones notables como las de Viviana Lubik, una mujer de 50 años, que desapareció el 5 de marzo y Mariana Pistone. En el caso de la primera víctima, hay que recordar que recién después de un mes de producida la desaparición, la fiscal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, ordenó la realización de rastrillajes en el río Arenales en su busca.
Como dato que configura la situación -o la mentalidad- de las autoridades policiales y judiciales frente a estos casos, se consigna que cuando una amiga de Lubik, hizo la denuncia “la policía inicialmente rechazó la misma debido a la falta de parentesco directo con Viviana”, dijo la denunciante.
Desaparecida -como se dijo- el 5 de marzo, recién con fecha 4 de abril, es decir un mes después, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, publicó en su sitio web un llamado alertando de la situación y brindando datos físicos de Lubik.
Por su parte, en el caso de Mariana Pistone, una menor de 14 años, que estaba bajo la custodia de su abuela, reside en la localidad de Dragones, si bien la justicia a través de la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, actuó con mayor celeridad ya que cinco días después de la desaparición emitió un oficio con carácter de “Urgente” destinado a la División Asuntos Internacionales del Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina, solicitando una notificación o alerta internacional “amarilla” para dar con el paradero de la joven. Los indicios en este caso apuntarían a una fuga del hogar ya que se ausentó con su DNI y habría sido vista en territorio de Bolivia.
Este caso pone a discusión otro problema conexo como es la permeabilidad de la frontera entre Salta y la vecina República Plurinacional de Bolivia que representa un desafío significativo en términos de seguridad y control, que todavía no ha podido resolverse a pesar de tantos años en que desde el ciudadano hasta las autoridades son sabedores de la falta de controles y sin embargo no se han tomado medidas de la talla que se requieren. Esta falta de controles adecuados ha generado una situación donde el tráfico de mercancías, drogas y personas se ha vuelto un problema alarmante.
Por un lado, la geografía montañosa y la extensa frontera natural facilitan el tránsito de actividades ilegales, lo que permite que grupos delictivos operen con casi total impunidad. Esta situación no sólo afecta la seguridad local, sino que también tiene repercusiones en la estabilidad social y económica de la región. La escasa presencia de fuerzas de seguridad y la corrupción en algunos sectores contribuyen a que las rutas de contrabando sean utilizadas ampliamente.
Según algunos informes consultados, se ha observado un aumento en el tráfico de drogas que atraviesa la frontera, con la participación de organizaciones criminales que buscan aprovechar las debilidades en los controles fronterizos, lo cual alimenta la violencia en comunidades cercanas.
El reciente caso de la destitución y detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, ligado en una causa judicial al asesinato de su hermano, ambos sospechados de cercanías con el narcotráfico, contribuye a configurar otro mapa de una situación que reclama soluciones políticas. Basta tirar un poco más el hilo para encontrarse con el asesinato de Darío Monges y la reciente imputación de quien fuera nada menos que secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, bajo el cargo de tráfico de influencias, por permitir una visita irregular del malogrado Monges con un sicario, supuestamente vinculado al hampa, en la Unidad Carcelaria de Orán.
Asimismo, la migración irregular es otro aspecto crítico ya que el tráfico diario de personas es incesante y bajo ese manto de movimiento, jóvenes y menores se convierten en blancos vulnerables.
En La Caldera
Más reciente es el caso de la misteriosa desaparición de Jesica Gutiérrez el pasado 11 de septiembre, cuando regresaba de su trabajo, vecina del municipio de La Caldera. Un caso de ribetes concomitantes desconcertantes, ya que en la búsqueda de Gutiérrez, los uniformados terminaron dando con el cuerpo de su expareja, que se había suicidado en una zona rural cercana al pueblo mismo de La Caldera.
Las circunstancias animan a pensar en un caso de violencia de género previo a un supuesto femicidio, pero lo concreto es que a un mes de la desaparición de la mujer, en un espacio relativamente cercano todo rastrillaje ha dado resultado negativos. La incertidumbre continúa.
¿Qué hacer?
Este contexto enfrenta la sociedad de Salta con una problemática compleja que exige atención urgente por parte de las autoridades y un compromiso activo de la comunidad. La realidad de las desapariciones no sólo refleja un fallo en la protección de los ciudadanos, sino también un desafío en la implementación de políticas efectivas de prevención y resolución de estos casos.
Las desapariciones suelen estar vinculadas a la violencia de género y a la inseguridad, temas que requieren un enfoque integral que contemple desde la educación hasta la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad y del propio Ministerio de Seguridad, que ya viene cambiando tres ministros del área, sin que hayan disminuido los índices de violencia de género ni se haya dado respuesta a las desapariciones, como tampoco a otros crímenes resonantes.
Un problema, mil intentos y ni un invento
Hasta la fecha, en Salta, la cuestión de la seguridad hace agua lo mismo que las fronteras de la provincia. Las estadísticas actuales indican que el fenómeno de las desapariciones no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio de violencia y desamparo que afecta a diversas comunidades en Salta. La falta de información y seguimiento en algunos casos, como los recientes que aún no figuran en los registros oficiales, subraya la necesidad de una mayor transparencia y colaboración entre los organismos de seguridad y la comunidad.
Es evidente que desde el Ministerio de Educación, todavía se adeuda una pedagogía que contribuya a construir una cultura de respeto a los derechos humanos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, todos pasos imprescindibles para enfrentar esta problemática. La política de seguridad en Salta, debe dejar de ser un mero discurso y convertirse en una herramienta efectiva para garantizar la seguridad y la dignidad de todos los ciudadanos.
Hasta la fecha, en Salta se han reportado varios casos recientes de femicidios, en el contexto de un aumento preocupante en la violencia de género a nivel nacional. Como referencia, hay que consignar que en la República Argentina, se registraron 225 femicidios y homicidios vinculados en los primeros nueve meses de 2024, destacando que el 60% de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares y el 54% de los agresores eran parejas o exparejas.
Específicamente en Salta, se han documentado casos que incluyen femicidios que tomaron estado público en la prensa, para luego desvanecerse en la memoria ciudadana y al parecer adormecerse entre los investigadores y la justicia.
La llegada de empresas extranjeras que además de violar reglamentaciones que imponen la contratación de mano de obra local, traen trabajadores de otras nacionalidades, ya tuvo su primer episodio de tráfico de personas y corrupción de menores con la frustrada “contratación” de servicios sexuales de dos menores en la ciudad de Güemes. Ese hecho y tal vez porque tomó estado público, desnuda otra arista de esta falta de políticas de contención y prevención en la materia.
La provincia de Salta, por su ubicación estratégica, lindante con tres países fronterizos y varias provincias, requiere una urgente revisión en esta materia, caso contrario, la inseguridad, como una mancha de aceite continuará expandiéndose al punto que quizás, el ministro de Turismo, Mario Peña, en lugar de publicitar sus tours en moto por el desierto de Atacama, deba cambiar el eslogan que identifica a la provincia: “Salta, tan linda que enamora”, por otro que señale: “Salta, la mágica: nadie por aquí, nadie por allá…, no está, no existe… es un desaparecido”. –
