SALTA (Redacción) – Como se sabe, desde el 15 de diciembre del año pasado, la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 4 qué de curso al juicio seguido contra Sergio Luis López por el delito de administración fraudulenta, en calidad de autor.
López, detenido el 11 de julio del 2023, era cajero de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta. El arresto surgió tras una denuncia de la misma entidad, a partir de una alerta del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente.
La maniobra, según lo determinado por la fiscalía, consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar. Esto provocaba que, en los registros informáticos internos, el pago realizado figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.
En un principio, se detectaron dos hechos, siendo confrontado el empleado, quien reconoció uno de los casos y ofreció la devolución de 800 mil pesos respecto de un faltan de casi el doble. Pese a ello, fue denunciado y detenido, aunque al mes de estar tras las rejas, fue beneficiado con el arresto domiciliario, previó pago de una fianza de 43 millones de pesos.
Nadie sabe cómo hizo el cajero para cumplir con semejante caución, lo que generó más sospechas respecto a que no habría actuado en solitario, sino en armonía con otros implicados de mayor peso, entre los cuales estarían ex directivos de la Caja de Abogados.
Esta sospecha se acrecentó en los últimos días, cuando la querella fue notificada respecto a negociaciones que la fiscalía y la defensa de López llevan adelante en busca de arribar a un acuerdo de juicio abreviado, con el cual evitarían un debate extenso en el que podrían salir a luz otros trapos sucios dentro de la entidad y, por supuesto, el nombre de otros implicados que se favorecieron del fraude.
Asimismo, desde la querella se informó un perjuicio final que supera los 170 mil dólares, equivalente a una suma de 125 millones de pesos. De llegar a un acuerdo, se espera que la defensa haga una oferta de reparación económica acorde a esa última suma y no sobre los 8 millones que, inicialmente, se establecieron como faltante.
Juicio público
Por otra parte, fueron contundentes en sostener que prefieren un juicio oral y público del caso, por lo que calificaron de «insólita maniobra» la negociación que la fiscalía y la defensa llevan adelante. Indicaron que formalmente, la Sala VI del Tribunal de Juicio notificó a la defensa de los abogados afectados que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos y la defensa del cajero habrían pactado un juicio abreviado, el que “beneficiaría al imputado y a los responsables del desfalco en la Caja”.
“La querella no quiere un juicio abreviado, sino que se ventile la situación y se identifique a los responsables del desfalco”, dijeron desde la querella, la que ya había planificado citar a declarar a todos los ex miembros del Consejo Directivo de esa entidad para evitar que se oculten responsabilidades.
Criticaron duramente la postura de la fiscalía, pues que al acceder a un acuerdo de juicio abreviado solo estaría siendo conteste a la estrategia defensiva de “poner bajo la alfombra” las graves acusaciones relacionadas con este caso, las que no son menores, pues pusieron en riesgos el sistema previsional de los abogados.
López, de 61 años y vecino del barrio Intersindical, llevaba 18 años de servicio, sin que sus compañeros, superiores e incluso los abogados lo imaginara capaz de alguna conducta delictiva. Y ese, fue un grave error, pues el cajero –desde hace dos años- había puesto en marcha una maquinaria fraudulenta que le permitió reunir un botín probado de 8.007.696 pesos.
El fraude fue denunciado por los abogados María Emilia Carabajal y Patricio Araoz Fleming, presidenta y vice de la Caja, quienes acusaron a López a partir de irregularidades que salieron a luz tras un control contable realizado el 15 de junio del 2023.
Los fiscales, en el pedido de juicio, concluyeron en que “López, en el tramo comprendido entre el 31 de enero de 2022 y 8 de junio pasado, recaudó una suma de 3.506.456,39 pesos correspondientes a los recibos anulados durante el periodo de análisis”. A su vez, se “pudo comprobar un monto de 8.007.696,95 pesos”, correspondiente a recibos anulados “no fueron ingresados a los fondos en la Caja”.
Este monto, sin embargo, está muy por debajo de los 43 millones de pesos que le fue fijado en materia de caución, cuando López consiguió la prisión domiciliaria, lo que no dejar de llamar la atención, pues esa decisión se tomó en virtud de un análisis del daño causado.
