SALTA – Por Pablo Kosiner – En los últimos días el sector industrial argentino por diferentes vías expresó, en relación a la estrategia del gobierno nacional, de favorecer la apertura de las importaciones. Que tal apertura del comercio debería desarrollarse conjuntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el costo argentino. De forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.
Como de costumbre y siguiendo un estilo grosero y sin capacidad de generar un dialogo positivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el Diputado Espert en sus redes sociales contesto a la Unión Industrial Argentina: “Pero cara de piedra para vendernos cosas caras y de mala calidad durante décadas y décadas de miseria espantosa, les sobra. Váyanse a cagar”.
La preocupación de los sectores industriales y productivos de Argentina es lógica. La reciente decisión del presidente Javier Milei y su equipo económico de implementar una apertura casi total a las importaciones que en teoría busca fomentar la competencia y reducir precios, podría tener graves consecuencias para la industria nacional, las economías regionales y las pymes, repitiendo errores del pasado.
La apertura indiscriminada coloca a las industrias locales en una situación desventajosa frente a productos importados que llegan con menores costos de producción. Este impacto es particularmente grave en las economías regionales, donde las industrias suelen estar vinculadas a la producción primaria y a pequeños clústeres industriales que dependen del mercado interno. Por ejemplo, sectores como la vitivinicultura, la producción citrícola, o la textil y el turismo por mencionar algunos, podrían ver seriamente amenazada su supervivencia si no logran competir con productos extranjeros de menor costo.
Además, las pymes, que representan más del 99% del total de empresas en Argentina y generan el 70% del empleo privado formal, son especialmente vulnerables. Según datos recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ya en 2023 más del 40% de las pymes industriales ya reportaron dificultades para acceder a insumos y sostener su producción, situación que se agrava si las importaciones indiscriminadas profundizan la pérdida de competitividad.
A mediano plazo, esta estrategia puede erosionar la capacidad productiva nacional, desintegrar cadenas de valor regionales y debilitar las bases del desarrollo económico. Una menor actividad industrial en las regiones implica una caída en el empleo local, una menor recaudación fiscal y el deterioro de los estándares de vida
Argentina ha atravesado dos períodos de apertura indiscriminada con resultados desastrosos. Durante el proceso militar (1976-1983), bajo el modelo económico liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, la eliminación de barreras arancelarias y el incentivo a la importación provocaron el colapso de industrias nacionales enteras, afectando particularmente a las provincias con industrias incipientes.
Décadas más tarde, durante los años ’90, medidas similares implementadas bajo el gobierno de Carlos Menem consolidaron esta tendencia. Según datos del INDEC, entre 1991 y 1999 se perdieron más de 300.000 empleos industriales, y la pobreza pasó del 22% al 29%, con las economías regionales especialmente golpeadas por la caída de la actividad industrial.
El debilitamiento de la industria genera un círculo vicioso: el desempleo crece, la capacidad de consumo interno se reduce y, con ello, disminuye aún más la actividad económica. Las economías regionales, muchas veces dependientes del consumo interno, son las primeras en resentir este deterioro. A su vez, las pymes, que sostienen a gran parte de estas economías, enfrentan la falta de financiamiento, el aumento de costos y la caída de ventas, viéndose obligadas a cerrar o reducir personal.
La industria nacional, las economías regionales y las pymes no pueden ser vistas como una carga, sino como motores esenciales para el desarrollo económico y social del país. Ignorar las lecciones del pasado y priorizar la apertura indiscriminada sobre el fortalecimiento productivo podría llevarnos a una crisis de magnitud similar a la de los años ’90 o a los efectos del modelo económico del proceso militar. Es necesario buscar políticas que equilibren la integración al comercio internacional con la protección y el estímulo de las capacidades locales, preservando el empleo y fomentando el desarrollo inclusivo.
