SALTA (Diego Nofal).- En un contexto de fragilidad económica y descontento social, la administración de Gustavo Sáenz enfrenta un dilema crucial, si sumarse a la ola libertaria y recurrir a las privatizaciones como fórmula mágica para aliviar las arcas provinciales o profundizar en una crisis que ya exhibe grietas en escuelas, rutas y la confianza ciudadana. La propuesta del diputado opositor Roque Cornejo Avellaneda de privatizar bienes estatales como el Estadio Martearena, el Teleférico o el complejo Delmi abre un debate necesario, pero también riesgoso.
Los números no mienten. En 16 meses, el gobierno recibió 12 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional, incrementó impuestos y, sin embargo, no puede mostrar obras públicas significativas. Mientras las escuelas del Chaco salteño se desmoronan, dejando a niños sin clases por inundaciones y precariedad edilicia, la escuela Joaquín Castellanos en la capital se convierte en símbolo de un sistema educativo abandonado. Las rutas, vitales para el campo, motor económico de Salta, están en estado crítico, obstaculizando la producción y el comercio.
El contraste es indignante, en lugar de invertir en infraestructura social, se destinaron 100 millones de pesos a pintar la terminal de Pocitos y 53 millones a un alambrado fronterizo, un presupuesto que triplica su costo real. Estas decisiones reflejan una gestión opaca y cortoplacista, donde el despilfarro convive con la inacción.
Gustavo Sáenz y un salvavidas pesado
Ante este panorama, la idea de privatizar activos estatales surge como un canto de sirena. Los argumentos a favor son conocidos, el sector privado gestionaría con mayor eficiencia, generaría ingresos y aliviaría al Estado de costos de mantenimiento. Además, se señala que muchos de estos bienes, como el Centro de Convenciones o el Teleférico, tienen un impacto financiero desconocido para la ciudadanía, pues no hay claridad sobre cuánto cuesta sostenerlos ni qué ganancias producen.
Sin embargo, la iniciativa despierta escepticismo. Primero, porque emerge de una oposición que, más allá de su legítimo rol crítico, no ha presentado un plan integral para resolver la crisis. Segundo, porque privatizar en contextos de urgencia suele derivar en negocios desventajosos, se venden activos a bajo precio, se pierde control sobre servicios estratégicos y se prioriza el lucro sobre el bien común. El caso del alambrado sobrevaluado es un antecedente peligroso, si así se manejan obras menores, ¿qué garantías hay en procesos de venta complejos?
El núcleo del problema no son las privatizaciones en sí, sino la incapacidad del gobierno de Gustavo Sáenz para administrar lo público con transparencia y eficacia. Antes de transferir activos, cabe preguntar si se ha intentado optimizar su gestión, si existen auditorías que revelen su rentabilidad real o, en el último de los casos, si se han explorado alianzas público-privadas sin ceder propiedad.
Cambiar, en serio
La educación y las rutas ejemplifican prioridades distorsionadas. Mientras el campo, responsable de gran parte de los ingresos provinciales, clama por infraestructura, el Estado invierte en proyectos cosméticos. Privatizar el Martearena no resolverá que las escuelas sientiendan a estudiantes en aulas con goteras.
La discusión sobre privatizaciones no puede reducirse a una transacción financiera debe incluir la transparencia, que le falta a este gobierno; una activa participación ciudadana, para evitar que decisiones clave las tomen un puñado de burócratas entre cuatro paredes y, por último, asegurar que los recursos obtenidos se destinen a educación, salud y rutas.
Históricamente, América Latina ha visto privatizaciones exitosas y otras desastrosas. La diferencia radica en marcos regulatorios sólidos y objetivos claros. En Salta, sin embargo, persisten dudas sobre qué busca el gobierno si modernizar el Estado o solo tapar agujeros. Gustavo Sáenz enfrenta una encrucijada. Las privatizaciones podrían ofrecer un alivio inmediato, pero sin una estrategia clara, arriesgan agravar la desigualdad y sacrificar patrimonio público. El verdadero salvavidas no está en vender activos, sino en reconstruir la credibilidad mediante obras visibles, rendición de cuentas y un diálogo honesto con la ciudadanía.
Mientras las escuelas sigan cayéndose a pedazos, ninguna privatización será legítima. El desafío no es desprenderse de lo público, sino demostrar que el Estado puede gestionarlo con dignidad.
