SALTA (Pablo Kosiner) – Hace tiempo advertí que los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación perdieron toda habilidad moral y legitimidad, cuando aceptaron tomar juramento al Dr. Manuel García Mansilla, juez designado por decreto por el presidente Milei, violando abiertamente el procedimiento constitucional. Peor aún, emitieron fallos suscriptos con la firma de ese juez de facto, consolidando así una conducta contraria al orden institucional que la propia Corte debería custodiar.
Esta Corte entonces ha decidido ser funcional a una estrategia del poder político para intentar colonizar el Poder Judicial, habilitando maniobras irregulares para colocar “sus jueces” al margen de los mecanismos legales. Solo la decisión del Senado de la Nación impidió que se concretara ese atropello institucional rechazando los pliegos del mencionado juez y del Dr. Ariel Lijo.
Hoy, esa misma Corte aparece otra vez en el centro de la escena, con el fallo en plena coyuntura electoral de la provincia de Buenos Aires, sobre una causa que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quién ya había anunciado su candidatura en las mencionadas elecciones. Fallo que interrumpe una regla no escrita del máximo tribunal de no emitir pronunciamiento sobre líderes políticos que eventualmente impliquen restricciones de derechos políticos una vez iniciados los calendarios electorales.
No hay democracia sólida cuando el Poder Judicial actúa como instrumento de presión electoral. La política se dirime en las urnas. La justicia debe ser imparcial, independiente, ajena a los tiempos y urgencias del poder político o mediático. Lo contrario es prestarse a una forma de intervención judicial que no busca verdad ni justicia, sino modelar la oferta electoral de la democracia.
Una república fuerte no se construye con tribunales funcionales al interés de turno, ni con una justicia que responde más a las tapas de los diarios o poderes económicos que a los principios del derecho. Lo que se pone en juego no es solo el destino personal de una dirigente política, sino la vigencia de un sistema de garantías que debe resguardar a todos y todas por igual, sin distinciones.
De lo contrario la Corte debería explicar porque no emite fallo en la causa sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. Expediente que tiene casi un año y medio sin resolver y que afecta a millones de argentinas y argentinos además de haber sido impugnado por la totalidad de constitucionalista de renombre de nuestro país.
Naturalizar que se manipulen los tribunales con fines electorales es ceder a una lógica autoritaria disfrazada de institucionalidad. ¿Cómo puede convalidarse que horas antes de ser suscripto por los jueces y notificado a las partes, haya periodistas que leían el texto del “eventual” pronunciamiento?
Si queremos una República en serio, necesitamos una Corte que recupere credibilidad, que actúe dentro del marco constitucional, y que no se preste al juego del poder de turno. La independencia judicial no es una declaración, es una práctica. Y la historia juzgará con dureza a quienes la traicionen.
