SALTA (Pablo Kosiner).- En un contexto de asfixia financiera para las provincias y concentración de decisiones en el gobierno nacional, los gobernadores de todo el país –incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– han dado hoy una señal política clara y necesaria: es hora de rediscutir una agenda federal en serio. Y lo han hecho con una propuesta concreta y ambiciosa, que no sólo busca mejorar la asignación de recursos, sino también ir recuperando mecanismos de autonomía para cada jurisdicción.
El proyecto consensuado por los mandatarios propone la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), de modo que tanto la Nación como cada una de las 24 jurisdicciones puedan decidir el destino de esos fondos conforme a sus propias prioridades. A la vez, plantea que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sea distribuido entre Nación y provincias de acuerdo con los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548.
Ambas medidas propuestas, constituyen una intención de ir por avances significativos en la construcción de un federalismo más equitativo. Por un lado, la eliminación de fondos fiduciarios opacos –creados muchas veces por decreto y administrados sin control ni criterios federales– implica terminar con mecanismos discrecionales que el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado históricamente para disciplinar o premiar políticamente a las provincias. Por otro, distribuir los ATN según la ley vigente de coparticipación asegura reglas claras, previsibilidad y transparencia en el reparto de recursos esenciales para atender desequilibrios estructurales o situaciones de emergencia.
Pero lo más relevante no es sólo el contenido técnico del proyecto, sino la forma en que se gestó: un acuerdo transversal entre gobernadores de distintos signos políticos, que deciden poner sobre la mesa una agenda federal y empujarla desde el Congreso. Se trata de una novedad en la dinámica política reciente, donde muchas veces las provincias han actuado en soledad o bajo presión del Ejecutivo Nacional. Hoy, en cambio, los gobernadores se paran juntos, con una voz común, y obligan al Gobierno nacional a sentarse a discutir.
Este gesto debe ser valorado y respaldado. No hay desarrollo equitativo posible sin un federalismo real. Y ese federalismo no se construye con discursos, sino con decisiones concretas que devuelvan capacidad de acción a los gobiernos provinciales y municipales. En tiempos de crisis, cuando los recursos escasean, cuando la falta de programas destinados a generar infraestructura para el desarrollo de las provincias es total, la actitud del gobierno nacional no puede ser más centralización, sino todo lo contrario: descentralizar con equidad, eficiencia y responsabilidad.
Este proyecto, entonces, no debe ser entendido como una mera medida fiscal: es una afirmación política. Es de esperar que madure una declaración de autonomía con carácter, de madurez institucional y de voluntad de construir una Argentina más equilibrada y justa desde el interior hacia el centro, y no al revés. Debe obligarse al poder central a discutir la agenda de las provincias y el escenario debe ser el Congreso.
