SALTA – El ministro de Gobierno y Justicia de Salta, Ignacio Jarsún, atribuyó al Gobierno nacional parte de la responsabilidad por el conflicto generado tras el desalojo de familias de la comunidad indígena de Las Pailas, en Cachi. Lo hizo al señalar que la derogación de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial modificó el marco legal que durante años impidió este tipo de procedimientos.
“Es como que nosotros nos estamos comprando todas las responsabilidades de decisiones que se toman a nivel nacional y tenemos que hacerle ver a la gente que se están tomando medidas nacionales que pasan por encima de las responsabilidades de las provincias de resolverlo”, afirmó el funcionario en diálogo con DIX – Radio 98.7.
Jarsún sostuvo que la situación actual es consecuencia directa de la decisión del presidente Javier Milei de dejar sin vigencia la normativa que suspendía los desalojos de comunidades indígenas. “La Ley Nacional ya no está vigente porque fue derogada en diciembre de 2024 por DNU por parte del Presidente. Obviamente, nosotros queremos analizar cómo hacer para resguardar a la gente, que se cumplan los derechos de las personas. Pero es una decisión netamente nacional”, aseguró.
De esta manera, el ministro buscó poner el foco sobre la responsabilidad de la Nación en un conflicto que, sin embargo, se materializó a partir de una orden judicial emitida en Salta y ejecutada por la Policía provincial. “La Policía no puede hacer caso omiso a la decisión de un juez y un juez no puede pasar por encima de un decreto nacional”, argumentó Jarsún.
Asimismo, el funcionario remarcó que el Gobierno provincial se encuentra evaluando alternativas para asistir a las familias afectadas. En ese sentido, adelantó que mantendría una reunión con los legisladores del departamento de Cachi para analizar posibles soluciones. “También hay que discutir la responsabilidad de las medidas que se toman”, planteó.
El conflicto por Las Pailas
El desalojo realizado el pasado 12 de junio en la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y sectores políticos que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza durante el operativo.
Desde entonces, las comunidades vienen reclamando la intervención de las autoridades provinciales, el cese de nuevos desalojos y la revisión de las decisiones judiciales vinculadas a la disputa territorial.
En las últimas horas, además, organizaciones indígenas y sociales convocaron a una movilización frente a la Legislatura provincial para exigir respuestas y expresar su rechazo al procedimiento realizado en Cachi.
Para Jarsún, gran parte de la controversia tiene origen en la eliminación de la Ley 26.160. “Terminamos haciéndonos responsables de algo que se decidió desde Nación. Es la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, que durante muchos años permitió que las familias vivan en esos lugares durante décadas”, concluyó.
