(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La Corte de Justicia de Salta ha suspendido la aplicación de la Ordenanza 11/2026 que reglamentaba el juicio político contra el intendente de La Merced, Javier Wayar, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el propio jefe comunal. La decisión del máximo tribunal provincial no resuelve el fondo del conflicto, pero deja en evidencia la profunda crisis institucional que atraviesa el municipio y la dificultad de las instituciones para procesar las responsabilidades políticas en un contexto de fuerte conmoción social.
El origen de esta crisis se remonta a la muerte de un niño de cinco años atropellado por una camioneta perteneciente al intendente, un hecho que provocó protestas vecinales, pedidos de renuncia y una investigación penal que aún continúa su curso. El Concejo Deliberante había admitido en julio las denuncias por presunto mal desempeño contra Wayar y había avanzado con el procedimiento de juicio político, pero la suspensión de la ordenanza por parte de la Corte ha frenado temporalmente ese proceso y ha abierto una nueva instancia de incertidumbre jurídica e institucional.
La decisión de la Corte tiene un alcance cautelar y no implica que la ordenanza haya sido declarada inconstitucional ni que las denuncias contra Wayar hayan sido desestimadas, pero en la práctica deja al municipio en un limbo que beneficia al intendente y posterga la posibilidad de que la ciudadanía obtenga respuestas institucionales a un hecho que conmovió a toda la comunidad. La justicia provincial actuó con la lentitud que la caracteriza y, al priorizar los aspectos formales de la ordenanza por sobre la gravedad de los hechos que motivaron el pedido de juicio político, ha contribuido a profundizar la sensación de impunidad que ya flotaba en el ambiente.
El gobierno provincial, que tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad y el respeto a las instituciones en todos los municipios, ha observado este conflicto desde una distancia que resulta difícil de justificar y no ha articulado ningún tipo de acompañamiento ni de mediación para ayudar a destrabar una situación que afecta a miles de vecinos de La Merced. La gestión de Gustavo Sáenz en materia de relaciones con los municipios se caracteriza por una suerte de dejación de funciones que, en casos como este, termina beneficiando a los intendentes que enfrentan cuestionamientos graves y perjudicando a las comunidades que reclaman justicia.
La crisis de La Merced es un recordatorio de que las instituciones salteñas no están preparadas para procesar los conflictos políticos con la celeridad y la transparencia que la sociedad demanda, y que la justicia provincial, lejos de ser un faro de imparcialidad, se convierte muchas veces en un laberinto que dilata las respuestas y desgasta a quienes reclaman legítimamente por sus derechos. La suspensión de la ordenanza es un capítulo más de una historia que tiene a los vecinos de La Merced como principales víctimas y a un sistema político que parece más preocupado por protegerse a sí mismo que por servir a la comunidad.
