(SALTA).- La sanción de la Ley 8535, conocida como “Ley de Participación Democrática”, marcó un punto de inflexión en el sistema electoral de Salta y desató una oleada de críticas desde la oposición, que la califica como una “ley de lemas encubierta” y advierte sobre su inconstitucionalidad. La norma, impulsada por el gobierno de Gustavo Sáenz, introduce cambios estructurales en la forma de votar y de asignar cargos, generando un intenso debate político que ya llegó a la Corte de Justicia provincial.
Uno de los cambios más controvertidos es la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales. A partir de ahora, las elecciones generales absorberán la función de dirimir las internas partidarias, un cambio que, según el oficialismo, simplifica el calendario electoral y reduce costos. La oposición, sin embargo, sostiene que esta medida concentra el poder en las cúpulas partidarias y limita la participación de los afiliados y de la ciudadanía en la selección de candidatos.
La reforma también introduce un sistema de acumulación de votos por frentes o alianzas que recuerda a la histórica “ley de lemas”. Cada frente electoral podrá presentar hasta cuatro listas para cargos legislativos, mientras que los partidos individuales tendrán un tope de dos. La lista más votada dentro de un frente se impondrá en la interna, pero todos los sufragios de ese espacio se sumarán para el resultado final, lo que podría alterar el resultado individual de los candidatos y, según los críticos, beneficiar a las estructuras partidarias más grandes.
Otro punto que generó rechazo es el requisito para los candidatos a gobernador, que exige la presencia de listas en al menos quince departamentos de la provincia, lo que implica participar en las elecciones de cuarenta de los sesenta municipios. Desde la oposición, denunciaron que esta exigencia favorece a “la construcción política de bipartidismos” y perjudica a las fuerzas emergentes o con menor estructura territorial, como La Libertad Avanza o el Partido Obrero.
La oposición, que se mantuvo unificada en el rechazo durante el debate legislativo, cuestionó con dureza el proyecto. El senador Roque Cornejo, de La Libertad Avanza, lo calificó como “un fraude” y advirtió que viola el principio de elección por “voto directo y a simple mayoría de sufragios” que establece la Constitución provincial. La diputada radical Soledad Farfán también rechazó la norma, recordando que “hace más de veinte años se eliminó la ley de lemas” como un avance democrático que hoy se pretende revertir.
Las acciones judiciales no se hicieron esperar. La Libertad Avanza presentó una acción popular de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta para frenar la aplicación de la ley, argumentando que se trata de una “ley de lemas encubierta”. El Partido Obrero hizo lo propio, centrando su embate en el artículo que exige listas en quince departamentos, por considerarlo distorsivo del principio de distrito único establecido en la Carta Magna salteña. Ambas presentaciones buscan que el máximo tribunal provincial se pronuncie antes de las elecciones de 2027.
Con este escenario, la reforma electoral se convirtió en el epicentro del conflicto político en Salta. El oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para “ordenar la oferta electoral” y garantizar la gobernabilidad, mientras la oposición la interpreta como un intento de blindar al saencismo y perpetuarlo en el poder. La decisión de la Corte será determinante para definir las reglas de juego de los próximos comicios y, en consecuencia, el futuro político de la provincia.
