SALTA – Lo que parecía un paraíso, en el que los intendentes gobernaban a gusto y antojo, se tornó ahora en un dolor de cabeza para muchos, pues la justicia parece haberse puesto las botas y está llevando a juicio a muchos de ellos, con el agravante que, dado los explícitos delitos de corrupción, varios ya partieron rumbo al penal de Villa Las Rosas.
El último caso, fue el del ex intendente de Iruya, Daniel Alfredo Soto, quien fue juzgado y condenado en su propio terruño. La Sala I del Tribunal de Juicio lo halló culpable del delito de peculado, dos hechos, por una suma millonaria y lo condenó a cuatro años de cárcel, siendo retirado esposado de la improvisada sala de audiencia, en el Salón de Usos Múltiples del municipio.
Ahora, a menos de una semana de dicha condena, la fiscal penal Ana Inés salinas Odorisio, quien condujo la acusación que puso tras las rejas a Soto, formalizó el pedido de juicio contra Javier Rafael Wayar, intendente de La Merced y contra tres concejales de ese municipio. Se trata de Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico.
El pedido contra Wayar, presentado ante el Juzgado de Garantías 8, fue por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado y hacia los concejales, por peculado, en calidad de partícipes necesarios. Por otra parte, solicitó el sobreseimiento parcial del jefe comunal respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos. Las actuaciones penales, recordó, se iniciaron luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, denunció al intendente ante la Fiscalía Penal de Cerrillos, acusación que fueron luego derivadas a la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
La investigación
Como resultado de la investigación realizada en dicha unidad especializada, se pudo establecer que la Municipalidad de La Merced, el 3 de septiembre de 2020, efectuó una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10330.
Dicho dinero se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar, en función de su calidad como Intendente de La Merced.
Luego, a través del entrecruzamiento de datos, los investigadores corroboraron que, en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada el o de septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96.
Respecto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.
Las imputaciones penales, cabe recordar, se hicieron el 8 de febrero del 2022, circunstancias en que Wayar y los tres concejales se abstuvieron de prestar declaración, aunque adelantaron que harían el descargo correspondiente, sin que se conociera detalles de sus presentaciones.
