(SALTA).- Ada Zunino, la actual defensora general de la provincia de Salta, habría construido una carrera judicial plagada de polémicas y denuncias que ahora amenazan con derrumbar su imperio de poder, según lo que establece el expediente. La abogada Micaela Plaza Amado presentó una denuncia ante la Justicia Federal por supuesta corrupción institucional y cohecho contra la ex jueza de garantías número 1, en un expediente que revela una trama de encubrimientos.
Los hechos denunciados comienzan cuando Plaza Amado conoce a Marcelo Fernández, un abogado que durante años ejerció la profesión sin tener título habilitante, supuestamente bajo el amparo de la propia Ada Zunino. La magistrada no solo habría sabido que Fernández no era abogado, sino que incluso habría celebrado en su casa la recepción de este falso letrado.
De acuerdo con lo que establece el expediente, en esa reunión estuvieron presentes el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini, el juez de Garantías Ignacio Colombo y el defensor oficial penal Carlos Genovese, todos ellos rodeando a Zunino en un acto de complicidad. La presencia de estos jueces, según consta en la denuncia, demuestra que la trama de encubrimientos no sería obra de una persona aislada sino de una red perfectamente articulada.
La denunciante habría sido testigo directa de casos de cohecho y de entregas de dinero a la actual defensora para direccionar causas judiciales, una práctica que revela el nivel de corrupción imperante. Fernández, quien se presentaba públicamente como abogado matriculado e incluso integraba la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados, mantuvo una relación afectiva con Plaza Amado mientras ocultaba su engaño.
La confianza de la abogada se vio reforzada por la participación habitual de Fernández en actividades institucionales y su cercanía con operadores del sistema judicial, todos ellos cómplices de su impostura según el expediente. La propia Zunino, lejos de denunciar la situación, habría apoyado activamente al falso abogado y lo integró a su círculo íntimo de confianza, protegiéndolo de cualquier cuestionamiento.
Plaza Amado se sorprendió al saber que Fernández recién había obtenido su título de abogado el 1 de octubre de 2020, después de años de ejercer ilegalmente con el conocimiento explícito de la jueza. El cohecho y la entrega de dinero para direccionar causas judiciales son delitos gravísimos que atentan contra los cimientos mismos del Estado de derecho, y el expediente los describe con claridad.
La denuncia contra la defensora general
La denuncia de Plaza Amado señalaría a Zunino como la cabecilla de una organización que comerciaba con la justicia, vendiendo resoluciones favorables a quienes pagaban por ellas, según lo que se desprende de los testimonios. Este tipo de prácticas no solo corrompe a los funcionarios involucrados, sino que también destruye la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería garantizar igualdad ante la ley.
La defensora general, lejos de ser una garante de los derechos de los ciudadanos, se habría convertido en una mercader de la justicia que beneficiaba a sus amigos y castigaba a sus enemigos. El abogado Marcelo Fernández no es un caso aislado sino la punta del iceberg de una estructura de corrupción que tiene a Ada Zunino como su principal engranaje y protectora, de acuerdo al expediente.
La magistrada habría construido una red de complicidades que incluye a funcionarios judiciales, políticos y abogados inescrupulosos dispuestos a todo con tal de mantener el statu quo de privilegios. La denunciante Plaza Amado, al atreverse a destapar este entramado de corrupción, se convirtió en un blanco de represalias que incluyen el silencio impuesto por el procurador García Castiella.
También incluye el acoso sexual por parte de la pareja de Zunino, Sebastián Martínez, quien habría llegado al Poder Judicial con la ayuda de Antonio Marocco, según consta en el expediente y deja ver el registro de Par Politic, en su cuenta de Facebook. La valentía de esta abogada debería ser un ejemplo para todos los ciudadanos que aún creen en la posibilidad de una Justicia independiente y transparente, aunque el sistema parezca empeñado en lo contrario.
La pregunta que todos los salteños deberían hacerse es cómo es posible que una persona con semejantes acusaciones haya sido designada defensora general de la provincia sin que nadie haya puesto reparos serios. El Senado provincial aprobó su pliego con una velocidad asombrosa, en una sesión especial donde las irregularidades habrían sido la norma y no la excepción, según algunas versiones.
La entrevista en el Senado se realizó mientras el pliego todavía no había ingresado formalmente, y todo el proceso se resolvió en un solo día con una celeridad inusual. La designación de Zunino no fue un acto de justicia sino un premio a la obediencia y la lealtad hacia quienes detentan el poder en Salta, un sarcasmo que la ciudadanía ya comienza a notar.
La provincia necesita una profunda reforma judicial que comience por investigar a fondo todas las denuncias contra Ada Zunino y su red de complicidades, tal como lo exige el expediente. La ciudadanía no puede seguir tolerando que funcionarios corruptos ocupen los cargos más altos del Poder Judicial y decidan el destino de los salteños con total impunidad.
Es hora de que la Justicia Federal actúe con firmeza y determine si existen elementos suficientes para procesar a la defensora general por los delitos que se le imputan. La verdad, aunque incómoda para muchos, debe salir a la luz para que Salta pueda comenzar a sanar las heridas que la corrupción ha dejado en su sistema judicial. Ada Zunino y sus cómplices deberán responder ante la ley, porque nadie, por poderoso que sea, está por encima de la justicia, y el expediente así lo reclama.
