(SALTA).-( Por Diego Nofal)- El escándalo del diputado Kuldeep Singh y la jueza Ada Zunino es un clásico de la política salteña que merece ser revisitado con cierta dosis de sarcasmo. La magistrada, que en 2018 se convirtió en la mejor defensora del legislador imputado por robo, hoy es la Defensora General de la provincia. La vida da tantas vueltas que a veces uno se pregunta si la justicia es un camino recto o una calesita salteña. Los diputados radicales que pidieron su destitución seguramente hoy deben morderse la lengua al verla en ese cargo tan importante.
El caso comenzó cuando Singh fue acusado de privación ilegítima de la libertad y robo doblemente calificado en la empresa Nutribras S.A. de General Güemes. La jueza Zunino, en lugar de aplicar la ley con firmeza, decidió que no había pruebas suficientes para pedir el desafuero y liberó a los cómplices del diputado. Los videos que mostraban el asalto comando fueron descartados por la magistrada con el argumento de que estaban editados y no mostraban la totalidad de los hechos. El fiscal Federico Jovanovics quedó con la cara de quien ve cómo su trabajo es tirado a la basura por una decisión caprichosa.
El bloque de la UCR, encabezado por Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez, presentó el pedido de jury con la convicción de que la justicia debía hacerse cargo del entuerto. La acusación señalaba mal desempeño, abuso de autoridad y prevaricato, delitos que a simple vista parecían configurados con creces. La propia Cámara de Diputados aprobó por unanimidad los allanamientos y el desafuero, demostrando que no había dudas sobre la gravedad de los hechos. El presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, le sugirió a Zunino que leyera el Código Procesal Penal, una humillación pública que pocos magistrados soportarían.
El Jurado de Enjuiciamiento, sin embargo, tenía otros planes y no estaba dispuesto a sacrificar a una jueza por un simple error de criterio. Guillermo Catalano y Ernesto Sansón presentaron sus excusaciones y el cuerpo quedó presidido por el juez Fabián Vittar. La decisión final fue que no se podía destituir a un juez por un solo expediente, porque el mal desempeño requiere un análisis global de la conducta. Los argumentos del tribunal fueron tan endebles como la coartada de un ladrón sorprendido in fraganti. El diputado Chibán calificó la resolución como vergonzosa y señaló directamente a Catalano como el protector de los jueces corruptos.
La composición del Jurado de Enjuiciamiento era una muestra clara de cómo se tejen las redes de poder en Salta. El juez Guillermo Posadas, la fiscal Pamela Calletti, el senador Jorge Soto y los diputados Esteban Amat y Guillermo Martinelli conformaron un cuerpo que entendió perfectamente lo que se esperaba de ellos. La excusación de Catalano y Sansón no fue un acto de desinterés sino una jugada maestra para garantizar el resultado deseado. El juez Fabián Vittar, que quedó al frente del tribunal, dictó la resolución que sus superiores esperaban con una precisión envidiable.
El diputado Chibán no se quedó callado y disparó contra el sistema que había salvado a Zunino del jury de enjuiciamiento. El legislador radical denunció que el presidente de la Corte de Justicia protegía a los jueces corruptos en representación de Urtubey y Romero. Las declaraciones de Chibán fueron como un rayo en un cielo despejado, pero no lograron alterar el curso de los acontecimientos. La estructura política judicial ya había hablado y su veredicto era tan firme como el concreto de una obra pública salteña.
La historia de Zunino es un ejemplo perfecto de cómo funciona el sistema judicial en Salta cuando los poderes fácticos deciden intervenir. La magistrada que debía ser destituida por su mal desempeño terminó siendo promovida a Defensora General de la Provincia. Los mismos que la salvaron en 2018 hoy la celebran como una funcionaria ejemplar, como si el pasado hubiera sido borrado con un corrector líquido. Los salteños, mientras tanto, asisten a este espectáculo con la mezcla de resignación y sarcasmo que caracteriza a quienes ya no esperan nada de sus instituciones. La justicia en Salta parece tener memoria selectiva y una capacidad asombrosa para premiar a quienes deberían haber sido sancionados. El caso Singh y el jury que no fue quedarán como un capítulo más de esa larga historia de impunidad que caracteriza a nuestra provincia.
