(Salta).- Resulta altamente cuestionable que el máximo responsable del Ministerio Público Fiscal de Salta utilice un programa de televisión para difundir supuestos pormenores de una investigación en curso. Pedro García Castiella no solo habló del contenido de un DVD que nunca figuró en el expediente de Jimena Salas, sino que acusó a la madre de un imputado y a una oficial de policía por maniobras de depuración de antecedentes. Nicolás Cordeyro captó de inmediato la gravedad institucional de esa conducta y planteó el interrogante que cualquier ciudadano debería hacerse. “No sabemos de dónde saca este tipo de acusaciones tan serias y tan graves, y la verdad que a veces uno no quiere pensar mal de diferentes tipos de situaciones”, expresó el hijo del excomisario. Ese “no saber” es justamente lo que convierte al procurador en un factor de inestabilidad jurídica.
Gravedad institucional de las acusaciones
El deber de un procurador general es resguardar la legalidad del proceso, no convertirse en un comentarista de sus propias hipótesis sin respaldo en el sumario. García Castiella afirmó que Vicente Cordeyro convocó a un oficial y le entregó un material que orientaba la pesquisa hacia la familia Saavedra, pero Nicolás reveló que esa actuación jamás fue registrada. La gravedad radica en que el jefe de los fiscales acusa a partir de un relato que ni siquiera su propio equipo investigador incorporó formalmente. Si el sistema de justicia se maneja con filtraciones y declaraciones mediáticas, los derechos de defensa y el debido proceso se vuelven una ficción. La familia Cordeyro, que padece la muerte violenta de Vicente, sufre ahora una revictimización institucional ejecutada desde la cúspide del poder judicial.
El momento elegido agrava la imprudencia
El momento elegido por García Castiella para estas revelaciones agrava su imprudencia hasta un límite que roza la crueldad. El proceso por la muerte del excomisario está en una fase donde se realizará una autopsia psicológica y la viuda será la primera en declarar. El procurador, con sus dichos, sembró una sombra de sospecha sobre ella al mencionarla en una trama de eliminación de antecedentes penales. Nicolás Cordeyro denunció esa maniobra con una claridad que desarma cualquier excusa. “De repente que se la ponga en escena a ella con estas acusaciones, es tan seria”, declaró el joven con un tono que mezcla dolor y firmeza. Ningún funcionario responsable debería condicionar una prueba pericial de semejante sensibilidad con imputaciones lanzadas fuera del expediente.
El material inexistente en el expediente
La revelación de que el material mencionado por el procurador no existe en la causa Jimena Salas no es un dato menor, es el corazón del problema. Nicolás Cordeyro fue contundente al asegurar que el abogado Arancibia revisó las actuaciones y no halló ni la reunión ni el disco compacto. “Eso no existe dentro del expediente”, repitió con insistencia, dejando al procurador en una posición insostenible. García Castiella debería explicar si sus dichos se basan en información reservada que ocultó al juez de garantías o si directamente está construyendo un relato paralelo para incidir en otras causas. En cualquiera de los dos escenarios, su comportamiento constituye una falta de ética funcional que merece una investigación por parte del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento.
La familia exige respuestas
La familia de Vicente Cordeyro no solo exige justicia por la muerte del comisario, sino que también reclama que el procurador responda por qué difama con acusaciones que no puede sostener con papeles. La actitud de García Castiella revela una peligrosa inclinación a utilizar la exposición mediática para suplir la ausencia de pruebas en una causa sensible. El procurador habló de pérdida de evidencia en el CIF como si fuera una anécdota menor, y esa misma confesión vuelve todavía más irresponsable que lance afirmaciones sin asidero. Si el propio laboratorio pierde cosas, ¿qué credibilidad puede tener un DVD rescatado de la nube y mencionado recién años después? La familia Cordeyro pide coherencia y que la justicia investigue sin operaciones de prensa.
Un procurador que divide
La imprudencia de Pedro García Castiella al ventilar detalles de la causa y al acusar infundadamente a una familia que acaba de perder a su padre es una mancha para el Ministerio Público Fiscal. Nicolás Cordeyro sintetizó el sentir de los suyos al señalar que las denuncias más graves no las hizo la familia, las hizo el propio procurador general desde un medio de comunicación. Esa paradoja expone a un funcionario que parece más preocupado por instalar un relato que por esclarecer los crímenes que conmueven a Salta. La sociedad salteña necesita un procurador que custodie las pruebas, no uno que confiese que se pierden y luego las use para acusar sin control judicial. La marcha por Vicente Cordeyro será también un grito contra esas prácticas que transforman la justicia en un espectáculo televisivo y dejan a las víctimas sin la verdad q
ue merecen.
