(SALTA).- (Por Diego Nofal)- La cuestionada defensora general de la provincia, Ada Zunino, fue mencionada en una denuncia ante la Justicia Federal y esas menciones señalaban a la ex jueza por presuntos delitos de encubrimiento y cohecho, pero en lugar de explicar su situación parece haber optado por una gira mediática que la muestra más cerca de los sets televisivos que de los expedientes judiciales.
La exjueza de Garantías N.º 1 podría estar calculando que el mejor blindaje contra una eventual investigación, en caso de que se profundicen las pesquisas sobre esos presuntos delitos que podría haber cometido la actual defensora general, no se encuentra en los estrados judiciales, sino en el voto popular, y por eso recorre la provincia con una energía que pocos funcionarios despliegan fuera de año electoral.
Su reciente inauguración de una consultoría jurídica en Cachi, con presencia del vicegobernador y el intendente local, podría interpretarse como un acto de gestión, aunque la pompa del evento y su cobertura en redes sociales sugerirían más bien el lanzamiento de una candidatura que una simple recorrida institucional.
Los habitantes de Cachi, que conviven con cortes de luz y falta de agua potable, quizás hubieran preferido que la funcionaria les lleve soluciones concretas en lugar de una oficina que, si bien útil, difícilmente resolverá las carencias estructurales que padecen hace décadas.
Si la denuncia federal avanzara y Zunino resultara procesada, sus aspiraciones políticas podrían verse frustradas, a menos que los fueros que busca obtener en las urnas terminen siendo más efectivos que cualquier estrategia legal para evadir la acción de la justicia.
Mientras tanto, el procurador general Pedro García Castiella, con quien Zunino perdió la pulseada por la Procuración General, podría observar con cierta ironía cómo su rival ahora juega en otra cancha, aunque con las mismas fichas del Estado provincial.
Los salteños, que pagan con sus impuestos los gastos de esta supercampaña personal, tal vez deberían preguntarse si la Defensoría General no se está convirtiendo en una plataforma electoral más que en un organismo de defensa de los derechos ciudadanos.
Si la funcionaria realmente desea incursionar en política, sería deseable que lo haga con sus propios recursos y no con los fondos públicos, como hacen otros aspirantes que no cuentan con un cargo institucional para financiar sus ambiciones.
La semana pasada entró en vigencia el nuevo Código Penal Juvenil y, sin embargo, la defensora general no se pronunció al respecto, lo que resultaría llamativo para quien ocupa el cargo de máxima autoridad en la materia.
Quizás el silencio sobre temas sustanciales y el ruido alrededor de su figura respondan a una estrategia calculada, aunque no por eso menos riesgosa para la credibilidad de una institución que debería mantenerse al margen de las disputas políticas.
